Por recortes presupuestales a dependencias y dudas sobre el pago de la renta de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, el PAN frenó en comisiones la Ley de Egresos 2022 que envió el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Al reanudarse la sesión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público la noche del lunes, la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia argumentó que el proyecto debe de ser modificado, pues el mandatario morenista consideró el pago de 179 millones 850 mil pesos para la renta de patrullas a pesar de que el contrato con la empresa Lumo Financiera vence este mes.

"El gobierno del estado en octubre de 2019 adjudicó el contrato de arrendamiento de las mil patrullas por 27 meses, lo que implica que este diciembre las patrullas pasarían a formar parte de la propiedad del gobierno, por lo que es necesario esclarecer si este monto para pagar más es por nuevas patrullas o por las mismas", señaló en su intervención.

Además, expuso siete rubros que disminuirían su presupuesto de aprobarse la ley, lo cual derivó en que el presidente de la comisión, Fernando Sánchez Sasia (de Morena), solicitó un receso para continuar el análisis este martes 7 de diciembre a las 8 de la noche, en conjunto con personal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que preside María Teresa Castro Corro.

Advierten recortes 

Aunque Rodríguez Della Vecchia no pertenece a la comisión de Presupuesto, detalló que la infraestructura educativa tendría una disminución de 8 mil millones de pesos en comparación con este año, pues solo se planea destinar 69 millones 228 mil 888 pesos.

Para los proyectos de investigación, desarrollo e innovación científica, se contempla un recorte de 30 millones de pesos, ya que de los 49 millones de este año solo se asignaron 19 millones para el próximo, en tanto que la prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar contempla 4 millones de pesos menos.

En el rubro que será destinado para la protección forestal, se estima una reducción del 50 por ciento, al pasar de 34 millones de pesos a solo 17 millones, en tanto que en la prestación y regularización de agua y saneamiento se recorta de 39 millones a únicamente 11 millones de pesos.

Para el 2022 el sistema de justicia contaría con 787 millones de pesos, aunque este año tugo 808 millones, a la par que el desarrollo integral de pueblos indígenas tendría 2 millones de pesos menos.

Aprueban deuda pública para municipios 

En otro punto, por unanimidad la comisión de Presupuesto avaló la iniciativa que presentó la Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jugocopo), presidida por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para autorizar a los 217 presidentes municipales que contraten deuda por una suma global de hasta 3 mil 235 millones 323 mil 937 pesos, siempre y cuando puedan liquidarlos antes de concluir su gestión en 2024.

La única modificación aprobada fue hecha a propuesta del gerente ejecutivo de Banobras Puebla-Tlaxcala, Javier Ramírez Carranza, quien consideró necesario precisar que el crédito podría estar vigente 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Con esta medida los ayuntamientos podrán endeudarse y para pagar podrán utilizar hasta el 25 por ciento de los recursos federales que reciban de 2022 a 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). En el caso de Puebla capital, podría endeudarse hasta con 162 millones 32 mil 655 pesos, ya que es el municipio con el techo crediticio más alto.