Hace más de 13 años, Juana Ruiz enfrentó uno de los momentos más duros de su vida luego de que un hombre, que entonces se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Puebla, le disparó a uno de sus hijos causándole muerte cerebral.

Desde entonces, no solamente ha tenido que sufrir las secuelas del ataque que sufrió su hijo, sino que además no ha logrado encontrar justicia pues el presunto responsable ha sido detenido dos veces, pero en ambas ha logrado evadir la justicia.

Juana Ruiz relató que esta semana se dio el más reciente revés a su caso luego de que personal del Juzgado Primero de lo Penal, dejó libre al sospechoso que se  valió de una serie de documentos falsos y de una suplantación de huellas dactilares.

De noche, el policía disparó a quemarropa contra el joven

Juana explicó que fue la noche del 19 de junio de 2008 cuando sus dos hijos salieron a comprar unas cosas en la tienda Oxxo ubicada en la calle 105 Poniente, en la colonia Popular de la ciudad de Puebla.

El mayor de sus hijos, Erick Herrera Ruiz, que en ese momento tenía 19 años de edad, caminaba junto con su hermano de 16 años y su perro, pero a la altura de una taquería fueron interceptados por una patrulla de la Policía Municipal, tripulada por Miguel Ángel Salazar Corona.

Según obra en el proceso penal 364/2016-1 del Juzgado Primero de lo Penal, uno de los testigos narró que el policía detuvo a los jóvenes sin motivo aparente y realizando detonaciones al aire, pero después de encararlos disparó a quemarropa contra uno de ellos.

El hermano de Erick contó que el policía pretendía revisarlos pero su hermano se resistió pues en ese momento existían antecedentes de que en esa zona los policías realizaban revisiones con el fin de asaltar a los ciudadanos, específicamente a jóvenes como ellos.

Fue por ese motivo que el policía disparó en la cabeza a Erick, provocando que dos balas se alojarán en su cerebro, lo que a la postre le causaría una muerte cerebral que lo mantiene en estado vegetativo desde hace más de 13 años.

A pesar de que era de noche, lo transitado de la vialidad permitió que varios testigos pudieran señalar al responsable e identificarlo plenamente como el patrullero que viajaba a bordo de una unidad de la Policía municipal de Puebla, por lo que fue detenido.

Policía con suerte: le reclasifican el delito

La primera irregularidad del caso ocurrió cuando, a través de amparos y peritajes presuntamente hechos a modo, Miguel Ángel logró que se reclasificara el delito en su contra, de homicidio en grado de tentativa a lesiones calificadas.

Esto le permitió obtener la libertad en poco menos de 6 meses y aunque siguió su proceso fuera de prisión no cumplió la medida cautelar de presentarse a firmar periódicamente en el juzgado.

Esto provocó que el momento en que concluyó el proceso penal y se dictó una sentencia condenatoria, las autoridades ya no tuvieran rastro Salazar Corona. El único consuelo para Juana fue obtener una orden de aprehensión en contra del agresor de su hijo.

La mujer explicó que durante varios años esperó que las autoridades hicieran su trabajo y detuvieron al sospechoso pero esto no ocurrió a pesar de que en varias ocasiones ella acudió a la Fiscalía para dar información sobre la localización de Miguel Ángel.

No fue sino hasta el pasado 18 de noviembre de este año cuando intempestivamente, la Fiscalía Anticorrupción la contactó para dar seguimiento a su caso y tras un operativo coordinado lograron detener a Miguel Ángel, ya que Juana y su familia siempre lo tuvo identificado a pesar de que cambió de domicilio varias veces.

La detención ocurrió en la colonia Constitución Mexicana, en el sur de la ciudad de Puebla, y los agentes ministeriales lo pusieron a disposición del Juzgado Primero de lo Penal, en el Cereso de San Miguel, cuyo órgano jurisdiccional fijó una audiencia para el lunes 22 de noviembre a las 9:00 horas.

La mamá de la víctima explicó que al momento de su detención, Miguel Ángel trató de evadir la justicia diciendo que no era la persona a la que buscaban y mostrando una credencial de elector y una licencia de conducir a nombre de Héctor García Ramírez.

La mujer explicó que evidentemente las fotografías de dichas acreditaciones no coincidían con el perfil de este hombre, por lo que los agentes ministeriales procedieron a la detención a través del señalamiento directo por parte de las víctimas.

Adelantan la audiencia y resulta que lo liberar

Fue hasta el lunes por la mañana que la señora Juana acudió al juzgado para presenciar la audiencia, que se le informo que un día antes, es decir el domingo 21 de noviembre a las 16:00 horas, se realizó una audiencia en donde se dejó libre a Miguel Ángel.

El personal del juzgado informó a las víctimas que Miguel Ángel había acreditado su identidad y que no era la persona a la cual se le requería a través de una orden de aprehensión, mostrándole a la señora Juana únicamente una copia de las huellas de dactiloscopia que fueron recabadas en ese sitio.

El personal del juzgado le informo que ya había sido cotejada con las huellas dactilares del momento en el que fue procesado en el año 2008, pero la mamá de Erick cuenta con las copias certificadas de la averiguación previa, en dónde se encontraba las huellas dactilares del presunto responsable.

Durante la entrevista la mujer mostró el documento que le entregó el juzgado así como el que se encontraba en la averiguación previa con copia certificada, pudiendo apreciarse a simple vista diferencias  en la localización, tamaño y forma de las huellas.

Los familiares de Erick pidieron apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer lo que consideran es una injusticia ya que no se realizó un peritaje en regla sobre las huellas dactilares.

Juana y sus familiares pidieron la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como del fiscal Gilberto Higuera y del presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Sánchez Sánchez, a fin de que su personal pueda hacer una valoración del caso.

Del mismo modo anunciaron que acudirán a la Fiscalía Anticorrupción y al Consejo de la Judicatura local para presentar las quejas correspondientes en contra del personal del juzgado.