Emilio Lozoya, ex director de Pemex, fue sujeto a prisión preventiva ahora por el caso Agronitrogenados, luego de que el juez considerara que no podía dictarle otra medida cautelar debido a que ya se encuentra en prisión por el caso Odebrecht.

Durante la comparecencia, los abogados de Lozoya manifestaron la disposición para llegar a un acuerdo con Pemex a través de un inmueble con valor de 3.4 millones de dólares, valor superior al daño ocasionado, sin embargo, el juez indicó que el fin de la audiencia era revisar las medidas cautelares.

Ante esto Lozoya se declaró inocente, asegurando que no recibió sobornos ni de Altos Hornos, ni de Odebrecht, enfatizando que los recursos que recibió fueron producto del trabajo y servicios que realizó con ellos antes de ser funcionario.

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en el Reclusorio Norte, dijo que por lógica no podía imponer otra medida cautelar, pues ya está sujeto a prisión preventiva por el caso Odebrecht, por lo que ordenó se le retire el brazalete electrónico y se le devuelvan sus documentos migratorios.

Indicó que esto lo beneficiará en su proceso, pues podrá ser utilizado para contabilizar el tiempo que lleva interno en caso de que se emita una sentencia en su contra.

Tras la decisión, la FGR argumentó que existe un riesgo de fuga por su amistad con Enrique Peña Nieto y Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de Altos Hornos de México, sin embargo, la defensa de Lozoya argumentó que su cliente no tiene ninguna relación con Peña, quien ha sido al que más ha denunciado a raíz del caso Odebrecht.

Los abogados de Lozoya indicaron que pedirán formalmente a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, iniciar las negociaciones para llegar a un acuerdo reparatorio tanto por el caso Odebrecht como por el caso Agronitrogenados.

En julio de 2020, el ex director de Pemex fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra venta de la planta chatarra de Agronitrogenados.

Según la causa penal, la venta de la planta de fertilizantes se le imputó por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).

La FGR alegó que dicha compra provocó un daño a Pemex por casi 8 mil millones de pesos porque la planta era obsoleta, al tener 14 años sin estar en funciones.