La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que quitará la facultad de verificación sanitaria a todos los estados que tengan denuncias por corrupción cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, como sucedió con Quintana Roo.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, señaló que, como parte de una estrategia de combate a la corrupción, se decidieron tomar acciones preventivas, pues las dependencias estatales (Coespris) funcionaban como cajas chicas de gobiernos locales.

Asimismo, reconoció que recibieron una serie de denuncias de corrupción, extorsiones y sobornos, cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos de salud en Quintana Roo, por lo que se comenzó una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El 21 de octubre, luego de reportarse posibles irregularidades en las acciones de vigilancia sanitaria llevadas a cabo por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), del estado de Quintana Roo, la Cofepris determinó retirar sus facultades de verificación en establecimientos de salud, para garantizar la protección de la salud de las personas en la entidad.

Informó que únicamente los funcionarios federales pueden hacer verificaciones en los distintos establecimientos de salud (laboratorios, hospitales), y que los verificadores estatales no pueden suspender labores, multar o asegurar productos, ya que dichas funciones serán asumidas por la Cofepris.

Las irregularidades señaladas en Quintana Roo fueron extorsiones realizadas, entre 2014 y 2019, a empresas y empleados con el uso indebido de “tarjetas de salud”, con las cuales 644 personas físicas y empresas fantasmas expidieron 423 facturas apócrifas a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo.

De igual forma se incluyeron desvío de fondos federales y quebranto por más de 4 mil millones de pesos en cinco años, a través de campañas, servicios y pagos a personas “fantasmas” detectados por la Auditoría Superior de la Federación de 2011 a 2018.

Con información de Milenio.