Para homologar las leyes de Puebla con las federales, este jueves el Congreso del estado aprobó por unanimidad el nuevo Sistema de Justicia Laboral, que será implementado para sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Puebla, con lo que se pretende agilizar la resolución de los conflictos laborales mediante la conciliación entre las partes.

La iniciativa fue turnada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, para cumplir con el decreto federal que fue emitido el 24 de febrero de 2017, con el cual hubo adecuaciones a las legislaciones secundarias que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo 2019, donde se establece que Puebla forma parte de los 13 estados de México que deberán adaptarse a la Ley Federal de Trabajo a partir del 3 de noviembre 2021. 

Con estos ajustes se podrá instalar en Puebla el Centro de Conciliación Laboral, que será un Organismo Público Descentralizado (OPD) que estará sectorizado a la Secretaría del Trabajo, mientras que también se instalarán tribunales laborales sujetos al Poder Judicial.

Para la creación e implementación de estos modelos la federación erogó 41 millones 755 mil pesos 851 pesos, con los que se instalarán simultáneamente en varios estados de México.

El de Puebla estará en la calle 11 Norte, número 906 de la capital, mientras que la sede de los Tribunales Laborales será la 6 Norte, número 1206.

De acuerdo con la reforma, este cambio en el modelo de justicia laboral apuesta por la conciliación directa como vía de solución para los conflictos entre trabajadores y empleadores, lo que permitirá resolver las querellas en al menos 45 días hábiles.

Y es que, en el proceso que llevaban las Juntas de Conciliación y Arbitraje, trabajaban intermediarios que eran señalados por demorar los casos y sus resoluciones para beneficiarse y cometer abusos en contra de los trabajadores o empleadores.

El proceso iniciará con una audiencia donde se admitirán y desechará las pruebas y después tendrán un juicio oral en donde se desahogará las pruebas y emitirán las sentencias.

En caso de que no se llegue a una sentencia, la demanda será enviada a los Tribunales Laborales, se resolverán de cuatro a seis meses y ambas partes tendrán contacto directo con el conciliador y se emitirá una constancia para poder iniciar el juicio ante el tribunal competente. 

Por su parte, los juicios iniciados previo al inicio de esta reforma, seguirán atendidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje que funcionarán hasta que concluyan los procesos iniciados que están rezagados y que quedarán a cargo de la Secretaría del Trabajo.

En su posicionamiento el diputado local de la fracción parlamentaria del PAN, Rafael Micalco Méndez, reveló que terminar los juicios iniciados con el antiguo sistema llevará al menos siete años de retraso.