Más de un centenar de miembros activos de la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) exigió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y al magistrado presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez, que los conflictos judiciales que originaron la toma del campus de la UDLAP se diriman en el terreno judicial “sin secuestrar la vida universitaria”. 

A través de un desplegado en medios locales, pidieron que la actividad académica no sea parte del conflicto y rechazaron la toma del campus de San Andrés Cholula.

El pasado 29 de junio, la policía estatal del Estado de Puebla ingresó armada al campus que actualmente se encuentra bajo el control de la empresa de seguridad privada Tecnopro.

“Rechazamos la toma del campus universitario de la UDLAP por parte de la policía estatal a cargo del Sr. Gobernador del Lic. Luis Miguel G. Barbosa Huerta.

El movimiento estudiantil de 1968 nos tiene que enseñar que el camino del uso de las armas para la toma de planteles educativos no es la vía de una conciliación y mucho menos de solución de conflictos”, señalaron en el desplegado.

También refirieron que la toma del campus fue ordenada a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada que es un órgano administrativo desconcentrado y subordinado al gobernador Barbosa Huerta, aunque la función de la Junta debe ser únicamente de inspección y “vigilancia de acuerdo a la Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado”.

Los firmantes del desplegado demandaron la devolución del campus universitario a la comunidad académica para que se recuperen las actividades normales de la vida universitaria de la UDLAP

Advirtieron que están en riesgo los procesos de investigación, la continuidad académica y el patrimonio científico y cultural de miles de estudiantes de licenciatura y posgrado que forman parte de la comunidad universitaria en la UDLAP. “Los conflictos que dieron origen a la toma del campus no deben frenar la vida institucional en esta casa de estudios”, añadieron.

También solicitaron respeto a los estatutos, normas y reglamentos con los que se gobierna la vida institucional de la casa de estudios.

“México es una de las principales economías del mundo y merece instituciones académicas de la más alta calidad. Es obligación del gobierno Federal y Estatal respetar y cuidar las actividades educativas de las instituciones que forman a los jóvenes de este país”, puntualizaron.