“El cobro de piso en la Riviera Maya es un problema muy grave que los empresarios siempre nos refieren, pero no nos denuncian”, dice el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández.

EL funcionario admite que la cifra de casi un 99% de los casos que se mantienen en silencio tiene una doble explicación: el temor a los extorsionadores y la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades.

“(Los empresarios) con la policía municipal no se quieren meter para nada. También nos han platicado con Óscar (Montes de Oca, Fiscal general de Quintana Roo) frente a mí, en las reuniones que hemos tenido, que no pueden confiar en los ministeriales o en algunos ministerios públicos”, señala.

Según el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo (OSEGE), el año pasado el estado fue el segundo con mayor número de carpetas de investigación sobre extorsión por cada 100,000 habitantes.

En el primer semestre de este año, los casos se han reducido un 62%, pero los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado dicen que las llamadas al 911 relacionadas con este delito en el mismo periodo aumentaron un 49%. Según sus estadísticas, entre un 8% y un 12% de las víctimas decidieron hacer el pago exigido. La mayoría se concentran en Cancún y en el municipio de Solidaridad, donde está Playa del Carmen.

James Tobin, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), asegura que “extorsionan de chile, de mole y de manteca”. Lo mismo cobran cuotas al Spiderman o al Batman que animan afuera de los antros que a los restauranteros y hoteleros. “Van de 200 pesos al día al He Man o al Hombre Araña; 25, 50 o 100 mil pesos a los negocios. Imagínate, con 10 negocios de estos…un millón de pesos mensuales”, dice.

Para Juan Carlos Hernández, presidente de la Canirac en Playa del Carmen, “es difícil saber cuántos negocios han cerrado por la delincuencia porque, además, así como cierran, se abren otros nuevos; es muy dinámico el movimiento”. Pero admite que la extorsión está tan extendida que hay empresarios que dentro sus gastos presupuestan una cantidad para pagar la cuota, según una información del diario El Universal.