El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal pre liberará el miércoles 15 de septiembre a 600 presos encerrados injustamente. De igual forma se encuentran en revisión cuatro mil expedientes más de personas en esa condición.

Durante su conferencia de prensa matutina, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, informó el procedimiento preliberatorio, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual liberará a 682 internos a nivel nacional.

Algunos de los estados que liberarán presos son: Baja California Sur (10), Nayarit (100), Oaxaca (30), San Luis Potosí (48), CDMX (40), Sinaloa (7), Tabasco (15), Tlaxcala (2), Veracruz (50), Zacatecas (57), Chiapas (180) y penales federales (36).

Augusto López dijo que se realizaron las gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones y tener todos los elementos de resolución en cada caso.

Señaló que, hasta el momento, se tienen ubicados cuatro mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, que fueron sujetos a análisis en el ámbito federal y cuya información ya fue entregada a los jueces competentes.

No obstante, quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro y otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, no podrán ser incluidos en el procedimiento de solicitud.

También señaló que los gobiernos de Chiapas y de la Ciudad de México, ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación.

Por lo que el secretario pidió al resto de los gobiernos en las entidades que, en ámbito de sus atribuciones y facultades, busquen las rutas legales para las preliberaciones y modificaciones de las medidas cautelares y libertades.

El mandato decretado por el presidente señala que, entre los presos, sin sentencia o acusados injustamente, personas mayores de 70 años, víctimas de tortura, a los que se aplicará el Protocolo de Estambul, e indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como otras que llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia.

Con información de La Jornada.