La Cámara de Diputados  aprobó la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia  que obliga a los congresos locales a acatar los desafueros que se avalen en el congreso federal.

El dictamen fue avalado por 273 votos a favor por parte de los diputados de Morena, PVEM y PT y recibió 220 sufragios en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC.

Los diputados Ana Lilia Herrera (PRI), Jorge Triana (PAN),  Miguel Ángel Torres (PRD) y Mirza Flores (MC), intentaron mociones suspensivas  argumentando  que el dictamen fue avalado en comisiones de la 64 legislatura por lo que al ser desconocida por los nuevos legisladores se requería más tiempo para su análisis, pero  fueron rechazadas.

La nueva ley abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece que cualquier persona podrá presentar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados “con pruebas documentales y elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación”. En su lugar, el dictamen señala que “bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito”.

Los sujetos que pueden ser objeto de juicio político son: Presidente de la República, gobernadores, diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del Instituto Nacional Electoral, integrantes de organismos autónomos, entre otros cargos.

El juicio político podrá aplicarse en los casos de ataque a las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos, cualquier violación a la constitución y leyes que de ella emanen. Y será el Congreso de la Unión el que haga las valoraciones correspondientes.