Un profesor de bachillerato de la ciudad de Puebla logró evadir el regreso a clases presenciales y trabajará de manera virtual hasta que reciba la segunda dosis de la vacuna CanSino, luego de que un juez le concedió una suspensión de plano que la Secretaría de Educación ya aceptó acatar.

En entrevista con e-consulta el docente refirió que el juez de distrito en materia de Amparo Civil le concedió la suspensión debido a que estarían en riesgos sus derechos fundamentales a la vida y la salud, por no tener segunda dosis de la vacuna y porque la escuela donde labora, ubicada al norte de la capital, no tiene condiciones sanitarias suficientes para garantizar su salud.

El viernes 27 de agosto presentó el amparo promovido por sus abogados María del Socorro Ruiz y Andrés Munguía, y el 1 de septiembre obtuvo suspensión de plano, medida especial que se otorga cuando el acto reclamado atenta contra derechos humanos fundamentales.

Las autoridades responsables que el quejoso acusó fueron: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal; la Secretaría de Educación del estado; la Secretaría de Salud Federal y la estatal; la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Dirección General de Bachilleratos de Puebla.

Acatan suspensión

Tras la resolución, la Secretaría de Educación del gobierno de Puebla respondió que, en seguimiento al oficio SEP-1 4.2DRL/3567/2021, no se requerirá la presencia del docente en su centro de trabajo, o en algún otro de la dependencia.

Se mantendrá el pago íntegro de su salario correspondiente a su nombramiento y demás prestaciones establecidas, siempre y cuando continúe su actividad docente de manera remota.

En su demanda de amparo el quejoso argumentó que los maestros y maestras tienen una responsabilidad muy grande, al deber detectar a tiempo los casos de alumnos y alumnas infectados por covid-19, además, de que el plantel donde labora no tiene agua potable disponible, jabón, gel antibacterial e insumos sanitarios necesarios para mantener su salud.

Además, el demandante precisó que los profesores y profesoras no recibieron una notificación por escrito sobre el regreso a las aulas, y acusó que, aunque el gobierno dice que el regreso es “voluntario”, en realidad es obligatorio.

Represalias serían abuso de autoridad

Por su parte el abogado Andrés Munguía precisó que la autoridad aseguró que cualquier hostigamiento o represalia en contra del docente por parte de la SEP será catalogada como delito de abuso de autoridad.

Se desconoce si hay más amparos contra el regreso a clases presencial, sin embargo, el litigante reveló que diez docentes le han pedido asesoría legal, aunque no quiso detallar de qué escuelas son porque existe temor a represalias y despidos de profesores y profesoras.

No obstante, anticipó que mientras se sumen más docentes podría realizarse un amparo colectivo que también se resolvería a favor de los demandantes.