Investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH) y del Instituto de Física de la BUAP denunciaron como ilegal la ampliación del periodo del Consejo Universitario y advirtieron que analizan medidas jurídicas para echar atrás la medida.

Tras aprobarse que la elección de la rectoría para el periodo 2021-2025 se decida mediante voto electrónico, que el actual Consejo emita la convocatoria y se haga cargo del proceso, Giuseppe Lo Brutto, director del ICSyH, señaló que lo aprobado es una clara violación a la normativa universitaria, ya que el periodo (del Consejo) concluyó en marzo de 2019 y las siguientes decisiones caerán en la ilegalidad.

Recordó que los estatutos de la universidad refieren que primero se debe renovar el Consejo Universitario para luego convocar a elecciones para nombrar al rector, no al revés.

Por ejemplo, señaló que los diputados locales no pueden votar su permanencia por otro periodo o prolongar su cargo, ya que su cargo está definido por un periodo específico.

Francisco Vélez Pliego, investigador del ICSyH y aspirante a la rectoría, señaló que “la legalidad no se vota” y no se puede extender el periodo del Consejo Universitario.

También señaló que hay intereses particulares del rector Alfonso Esparza Ortiz para que el proceso de la sucesión rectoral esté en manos de los vigentes Consejeros Universitarios.

#AlMomento August 5, 2021

 “No sabemos qué vaya a ocurrir porque estamos en escenario totalmente incierto, porque ya no tenemos certeza jurídica (…) Estamos en una situación de incertidumbre, por ello, el rector debe convocar a la elección del Consejo Universitario”, comentó.

Cuestionaron que los consejeros no consultaron con sus bases esta decisión y que dejarán fuera la opinión de miles de estudiantes de nuevo ingreso.

“Puedo decir que estamos analizando las acciones que consideremos pertinentes para defender la legalidad”, advirtió.

Grajales anticipa amparo

Por su parte la exsecretaria General de la BUAP, Guadalupe Grajales y Porras, otra aspirante a la rectoría, anunció que agotará recursos legales y políticos para que se revoque la ampliación.

“Lo que queda es el amparo, el amparo se usa para hacer valer los derechos humanos y políticos (…) de ser necesario sí (se recurrirá a un amparo), todos los recursos que garanticen para que se viva un estado de Derecho”, sentenció.

Comentó que la situación es incoherente, delicada, improcedente, además de que deja a la comunidad en indefensión.

“Cómo vamos a defender la autonomía cuando nosotros mismos, y eso es lo que más me preocupa, el impacto que pueden tener estas acciones irresponsables e ilegales de las autoridades de la universidad, en lo que es la preservación de la autonomía universitaria”, declaró.

Y es que denunció que la sesión del miércoles fue sólo para dar apariencia de legalidad al proceso de elección de la rectoría.

“Sobre todo es ilegal porque ya terminó su periodo (de los consejeros); pueden aducir 20 mil pretextos como la pandemia, pero es ilegal (…) para qué la terquedad que ese Consejo determine la normas, los procedimientos y elegir a la máxima autoridad”, comentó.

Confió en que esta situación se corrija y se respete la ley, “de no hacerse, las decisiones del Consejo Universitario son inválidas”, reiteró.

Guadalupe Grajales comentó que ahora entiende por qué fue separada por Esparza Ortiz de la Secretaría General de la BUAP, ya que no se hubiera prestado a que los Consejeros Universitarios se  “autoprorrogaran” su mandato. 

Grajales precisó que el artículo 43 del Estatuto Orgánico de la BUAP señala que no se puede prolongar un mandato.

“Las elecciones de consejeros representantes de miembros del personal académico, alumnos y trabajadores no académicos se efectuarán cada dos años y por separado, previa convocatoria que emitirá el rector por lo menos con un mes de anticipación”, refiere.

La aspirante comentó que el piso parejo tendrá que ser definido por la comunidad universitaria, “porque los de arriba no van a garantizar condiciones”. Y agregó: “Los que están detentando el poder siempre van a querer mantenerse en él”.

Consejo Universitario es legal

Gabriel Pérez Galmiche, consejero y director del Complejo Regional Mixteca, aclaró que la prolongación del cargo de los miembros del Consejo Universitario es legal y ha estado sesionando de manera transparente y conforme a la legislación de la institución.

También informó que toda la comunidad está representada por los directores de las unidades académicas, pues así lo señalan los estatutos.

“En cada unidad académica hay 5 representantes, de los cuales son docentes y estudiantes, el director tiene voto libre. De acuerdo al artículo 115, los directores tenemos las atribuciones que nos da la fracción primera que somos los representantes ante la unidad académica, si algunos consejeros estudiantes ya egresaron, pues obviamente el director llevará al seno del Consejo Universitario la decisión de la comunidad estudiantil; estará garantizada la representación de las unidades académicas”, comentó en entrevista.

Dio a conocer que los académicos y exdirectores, “llaman de ilegalidad algo cuando no les conviene y legal cuando algo les conviene”.

También condenó que los exdirectores, así como la ex secretaria general Guadalupe Grajales y Porras, previamente estuvieron participando en las sesiones del Consejo validando los acuerdos.

“Ellos formaron parte de las sesiones y la pregunta es ¿dónde está la ilegalidad? Cuando ellos formaron parte de la sesión del Consejo”, sentenció.

Gabriel Pérez Galmiche comentó que sus compañeros tienen derecho de expresarse y proceder como les convenga, no obstante, aseguró no existen elementos de algunas anomalías en el proceso electoral.