Organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, del espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y  periodistas y opositores a través del programa Pegasus.

En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social Tic) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), apuntaron que la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional, confirmó que:

“Desde las agencias del Estado mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad”.

Igualmente recordaron que desde hace cuatro años, cuando se tuvieron las primeras pruebas de la vigilancia ilegal, víctimas de Pegasus y organizaciones firmantes interpusieron una denuncia formal.

Agregaron que, pese a que la FGR tiene la investigación abierta desde entonces, “su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación”.

De igual forma, insistieron en que la investigación debe identificar a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar ataques, a los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; para que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa de los hechos”.

Las organizaciones resaltaron que entre los 15 mil números mexicanos reportados como objetivos de espionaje a través de malware Pegasus, que forman parte de un conjunto de 50 mil en todo el mundo, hay defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como más de 25 periodistas, entre ellos Cecilio Pineda Brito, “quien fue asesinado en marzo de 2017, apenas una semanas después de haber sido atacado con Pegasus”.

De acuerdo a las evidencias, otros periodistas que también fueron espiados son: Carmen Aristegui, sus familiares y equipo de trabajo; los integrantes de Río Doce, de Sinaloa; Ismael Bojórquez; Andrés Villarreal y Griselda Triana, viuda de Javier Valdez.

Las organizaciones también apuntaron que, tras los nuevos hallazgos publicados en medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, es urgente “modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar”.

Las organizaciones firmantes solicitaron al fiscal Alejandro Gertz Manero diseñar en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, pues hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.

Finalmente, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal Alejandro Gertz, transparentar los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.

Con información de Proceso.