Un Tribunal Colegiado negó un amparo a Emilio Zebadúa, para descongelar sus cuentas bancarias, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió como medida de prevención al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en cumplimiento a tratados internacionales.

En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial Mayor de Rosario Robles, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la Estafa Maestra.

La UIF informó que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo a Zebadúa porque demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En noviembre de 2020, un juez federal negó una suspensión definitiva a Zebadúa, contra la orden de aprehensión y confiscación de sus bienes como parte de la investigación que la Fiscalía General de la República inició en su contra por lavado de dinero y otros delitos vinculados con la Estafa Maestra.

Con la negativa, la FGR no tiene impedimento para llevar a cabo alguna acción penal en contra de Zebadúa, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respectivamente, en el sexenio pasado.

Esta semana Juan Manuel López Arroyo, ex delegado de la Sedatu y ex presidente municipal interino en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, durante la gestión de Juan Carlos Lastiri Quirós, fue vinculado a proceso derivado de una investigación por la Estafa Maestra.

Dentro de la misma causa penal también fue vinculado a proceso Noé Molina Rusiles, ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), en el Estado de México.

López Arroyo es uno de los personajes más cercanos a Juan Carlos Lastiri Quirós: fue su suplente cuando el priísta fue alcalde de Zacatlán en el período 1996-1999, y fungió como delegado de la extinta Sedatu a partir de 2017.