La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un nuevo juicio contra el Congreso de Puebla, ahora por la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El organismo interpuso otra acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo cual suma 18 promovidas solo contra la actual Legislatura.

El nuevo recurso radicado en el expediente 85/2021 demanda la invalidez de las fracciones V y IX del artículo 46 de la norma, por considerarlas discriminatorias.

En ellas se establece que uno de los requisitos para ser titular de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral es no haber pagado una condena por algún delito doloso.

A decir de la CNDH el requerimiento vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, así como a la libertad de trabajo y el derecho a acceder a un cargo público.

Como injustificada y desproporcionada se consideró dicha medida, bajo el entendido de que una persona que ya pagó su condena debe recuperar la plenitud de sus derechos universales.

“Esta Comisión Nacional considera que tal exigencia resulta desproporcionada y tiene por efecto excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ejercer el cargo mencionado, por lo que se estima que transgrede el derecho de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, constituye una medida legislativa que atenta contra el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público”, sentencia el recurso de la CNDH.

“Las personas que han sido sancionadas en algún momento por la comisión de un delito doloso y que ya cumplieron con la sanción que les fue impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas”, agrega.

La Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral se aprobó por el Congreso del estado el 11 de marzo, por iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Con ella se regulará dicho centro, que es un órgano descentralizado que sustituirá a la Junta de Conciliación y Arbitraje, como resultado de reformas federales en materia laboral.

La nueva acción de inconstitucionalidad de la CNDH se suma a la que hace unos días promovió contra la “Ley Agnes” o de identidad de género autopercibida.