La diputada federal de Morena, Coyolxauhqui Soria Morales, propuso a la Comisión Permanente reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que cuando los presuntos responsables de un delito sean detenidos al momento de presentarlos a los medios de comunicación quede prohibido cubrirles el rostro, distorsionar su imagen o poner una cintilla en sus ojos, a excepción de cuando sean menores de edad.  

La legisladora refiere que ahora “se ha dado indebidamente una modalidad o práctica por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los gobiernos estatales y de los medios de comunicación de cubrir el rostro, distorsionar la imagen o poner una cintilla en los ojos de los imputados, sustentada indebidamente en la presunción de inocencia como un derecho del imputado dentro del debido proceso”.  

Señaló que en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política no se ordena ni explícita ni implícitamente distorsionar, tapar o cubrir el rostro o poner una cintilla en los ojos del imputado.  

Aclaró que la presunción de inocencia no se hace efectiva con el hecho que al o los delincuentes se les cubra, distorsione, tape el rostro o se coloque una cintilla en los ojos, porque su integridad no se resguarda con esta medida, sino con el respeto a sus derechos humanos como presuntos responsables de un delito.  

Soria Morales dijo que los derechos del imputado sí son explícitos y ordenan que el presunto no sea expuesto a los medios, no que se le deba cubrir el rostro para poder publicar su imagen prohibiendo hacer juicios de valor de culparlo directamente a la hora de difundir la noticia y declararlo culpable previo proceso penal.  

Reiteró que esta no es una regla derivada de la Constitución Política, del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que la FGR, los gobiernos estatales y los medios de comunicación no tienen ningún impedimento legal para mostrar el rostro y el nombre del imputado.  

La diputada insistió que mostrar el rostro de los imputados no atenta contra el principio de inocencia y sí facilita el reconocimiento pro-víctima y de género.  

Soria afirmó que no hay un verdadero Estado de derecho en el debido proceso, si se deja en desamparo a la víctima de un delincuente, al no poderlo identificar para que haga frente a la obligación de responder por los ilícitos cometidos.