• Seguridad

Investigará FGR presuntos actos de tortura a jefe de la SSP

  • Alberto Melchor
Al ordenarse la liberación del detenido y no estar en sujeto a proceso penal, la SSP no puede sacarlo de la corporación.
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El juez Enrique Palacios Iniestra ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar presuntos actos de tortura en contra de Juan Carlos Romero Abraham, ex jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal que fue detenido con drogas y armas el pasado martes por la noche.

Como ya se había informado previamente, durante su audiencia inicial el juez de control federal consideró que su detención había sido ilegal, por lo que ordenó su inmediata liberación, sin siquiera analizar la acusación en su contra.

Tras darse a conocer la noticia, a través de redes sociales fueron difundidos más detalles acerca del resolutivo plasmado dentro de la carpeta administrativa 414/2021, en donde se da cuenta que el juez de la causa, Enrique Palacios Iniestra, ordenó investigar presuntos actos de tortura contra Romero Abraham.

En el resolutivo se indicó que el fallo del juez era derivado de violaciones a los Derechos Humanos de Juan Carlos Romero Abraham, por lo que se giró un oficio a la Fiscalía General de la República para iniciar una investigación.

Aunque en la detención del mando participaron elementos del Ejército Mexicano, la carpeta administrativa señala que fue la Policía Estatal quien se encargó de ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, por lo que será la Secretaría de Seguridad Pública quien sea objeto de la indagatoria.

Sin que hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública Estatal haya emitido una postura acerca de la liberación de quien fungía como jefe de Base de Operaciones en Esperanza, estos señalamientos por tortura podrían complicar un eventual proceso administrativo en su contra.

Cabe señalar que al haberse ordenado su liberación por considerarse ilegal su aprehensión, legalmente no está sujeto a ningún proceso penal, situación por la cual la SSP podía haber iniciado un proceso administrativo en su contra y sacarlo de la corporación.

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