En Puebla buscan quitar a legisladores su inmunidad parlamentaria cuando cometan violencia política de género, para que puedan ser juzgados y sancionados.

La propuesta es impulsada por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (del PAN), quien denuncia que legisladores han abusado de la inmunidad para agredir verbalmente, tanto fuera como dentro del Congreso del estado.

La inmunidad parlamentaria permite actualmente que legisladores expresen sus opiniones sobre cualquier tema de manera libre y sin consecuencias legales. 

Con una iniciativa de reforma constitucional, Rodríguez Della Vecchia pretende cancelar la inmunidad cuando existan agresiones por condición de género, tras haber sido víctima y no obtener justicia.

En la sesión plenaria del 2 de marzo Rodríguez Della Vecchia fue agredida por el diputado Emilio Maurer Espinosa (de Morena), quien la llamó “esquizofrénica mujer” por pedir que se contaran bien los votos en la aprobación de la Ley del Notariado.

La legisladora denunció al diputado por violencia política, pero tanto el Instituto Electoral del Estado (IEE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) se negaron a analizar el caso debido a que las discusiones en el Congreso están fuera de su jurisdicción porque existe la inmunidad parlamentaria.

Solo el TEPJF dictó medidas cautelares, similares a las que instruyó la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), consistentes en ordenar a los legisladores que se abstengan de utilizar lenguaje misógino, discriminatorio o violento, así como utilizar discursos de odio.

La reforma propuesta 

Rodríguez Della Vecchia busca modificar el artículo 38 de la Constitución Política del estado, para incluir a la violencia política como la única excepción a la inmunidad parlamentaria y así quien la cometa pueda ser sancionado.

Con la reforma ahora el artículo diría: “a excepción de aquellos casos en que sus dichos constituyan violencia política en razón de género, los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo y deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública”.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.