El ahora ex magistrado Jorge Benito Cruz Bermúdez se encuentra bajo la mira de la Fiscalía General del Estado tras ser señalado de corrupción durante su etapa como funcionario morenovallista, y ninguno de los dos amparos que ha tramitado, le fueron concedidos.

Así lo muestran los registros del Poder Judicial de la Federación en donde se muestra que el amparo más reciente fue el radicado dentro del juicio 997/2020 del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en  Materia Penal, mismo que fue promovido el 23 de noviembre pasado.

Los registros del Consejo de la Judicatura señalan que un día después de ser tramitado se le concedió la suspensión provisional a Jorge Cruz Bermúdez por los actos reclamados de evitar órdenes de aprehensión o privativas de la libertad.

Para tal efecto se le fijó una garantía económica de 3 mil pesos, estableciendo el 10 de diciembre como fecha para audiencia incidental, misma que se realizó sin ningún retraso y en la que se resolvió negar la suspensión definitiva del acto reclamado.

La defensa de Cruz Bermúdez, que en ese momento aún era magistrado en el Poder Judicial del Estado, ya había interpuesto un amparo previo que se radicó en el expediente 537/2020 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito.

Ese amparo se promovió en agosto del año pasado y un día después se le concedió la suspensión provisional con una fianza de 2 mil 500 pesos, estableciendo que la audiencia incidental se realizaría el 8 de octubre del año pasado.

Al igual que como ocurrió con el más reciente amparo, se resolvió negar la suspensión definitiva al entonces magistrado frente a su solicitud de impedir la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, Jorge Benito Cruz Bermúdez habría desviado 300 millones de pesos en obras a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), con inmuebles educativos que aparentemente nunca se construyeron.

El 29 de enero el gobierno de Puebla reveló que denunció a Cruz Bermúdez por presuntos desvíos hasta por 300 millones de pesos cometidos al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

La semana que termina, el gobernador Miguel Barbosa aconsejó a Cruz Bermúdez que , luego de su renuncia como magistrado del TSJ, se entregue a la justicia y no se esconda.

En estos tiempos “nadie se salva de la aplicación de la ley”, dijo Barbosa.