Las Comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia por fin analizarán la legislación este viernes en una sesión conjunta convocada para las 5 de la tarde.

 

Aunque en “la congeladora” se encuentran iniciativas que datan desde 2016, 2019 y 2020, solo se planea debatir la que presentó la semana pasada Vianey García Romero, de Morena, presidenta de Gobernación.

El dictamen que se pondrá a consideración prevé reformar el Código Civil del estado para reconocer géneros distintos al masculino y femenino; dar certeza jurídica a las personas que decidan cambiar de género y garantizar sus derechos.

Las reformas tuvieron que aprobarse antes del 15 de febrero porque así lo prometió por escrito la Junta de Gobierno del Congreso a las feministas que por 25 días tomaron el recinto legislativo.

 

Tras no cumplir el acuerdo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el martes un “urgente” llamado de atención a los legisladores, y esto los obligó a abordar el tema.

 

En el artículo 291 se pretende establecer que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros “respeten su integridad física y psíquica, así como su orientación sexual y, en su caso, su identidad de género autopercibida, de manera que no se afecten su sano desarrollo individual ni su plena incorporación al núcleo social”.

 

El 875 Bis señalaría que “cualquier persona puede pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género autopercibida”.

 

Para ello se contempla describir a la identidad de género autopercibida como: “la condición personal e interna, tal y como cada persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el registro primario. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal, siempre que la misma sea libremente escogida”.

 

El reconocimiento de identidad se llevará a cabo ante la Dirección del Registro Civil del Estado o ante el registro civil del municipio o localidad de nacimiento de la o el solicitante, para lo cual no será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento de modificación corporal o de apariencia física, incluyendo la vestimenta, modo de hablar, modales, ni ninguna otra condición que dañe la dignidad humana.

 

El mismo artículo 875 Bis precisará que los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al reconocimiento de identidad de género, “no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables”.

 

La legislación se conoce como "ley Agnes" en memoria de la psicóloga y activista Agnes Torres Hernández, mujer transgénero que impulsó la legislación en Puebla desde la década pasada, antes de ser asesinada en 2012.