Diputados aprobaron que en Puebla se cancelen los procesos penales por violencia familiar si el agresor toma cursos de “reeducación” y la víctima acepta una reparación del daño.

Con una reforma incluyeron en la violencia familiar la figura de “restablecimiento indemnatos”, con la cual los agresores ya no pagarían una condena corporal si llegan a un acuerdo con la parte agraviada.

El beneficio no será aplicable cuando exista un dictamen psicológico que revele un sometimiento psicológico de la víctima, o si esta es una mujer embarazada, una persona con discapacidad o mayor de sesenta años.

La medida fue aprobada este jueves por unanimidad por las comisiones de Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia del Congreso del estado.

Para ello se modificó el artículo el artículo 284 Quáter del Código Penal del estado, que ahora dirá:

“El restablecimiento indemnatos procederá cuando, a satisfacción del Ministerio Público se reúnan las condiciones siguientes: I. El conocimiento y la aceptación del sujeto activo de la posibilidad de la extinción de la acción penal previa la garantía o reparación del daño de forma integral a la víctima; II. Se establezcan las condiciones para asegurar la integridad de la persona agraviada, y III. La reeducación de la persona agresora con perspectiva de género en institución pública debidamente acreditada”.

A decir de los legisladores, con esta figura las víctimas podrán acceder más fácil y rápidamente a una “justicia restaurativa”.

Para que las reformas se promulguen y entren en vigor tendrán que ratificarse en el pleno con los 41 diputados.

Frenan otras reformas

A pesar de que las diputadas de la Comisión de Igualdad aprobaron la reforma anterior, se ausentaron para la aprobación de otras, también referentes a la violencia contra las mujeres.

Solo participaron en la sesión virtual conjunta con la Comisión de Procuración, pero ya no ingresaron a la que realizaría minutos después en solitario la Comisión de Igualdad.

Se ausentaron Mónica Lara Chávez y Nora Merino Escamilla (del PES); Vianey García Romero (Morena) y Guadalupe Muciño Muñoz (del PT).

Solo se presentaron la presidenta Rocío García Olmedo (del PRI); María del Carmen Saavedra Fernández (Morena) y Uruviel González Vieyra (CPP).

Por las inasistencias no hubo cuórum legal para sesionar, ya no se pusieron a votación las reformas y ni siquiera se dio a conocer en qué consistían, pues ya no se leyó el orden del día.