En Puebla se pretende cancelar los procesos penales por violencia familiar si la persona agresora acepta acudir a centros de reeducación.

En el Congreso del estado se planteó aplicar a este delito la figura de “restablecimiento indemnatos”, con la cual los agresores ya no irían a la cárcel si llegan a un acuerdo con las víctimas.

La medida es distinta al perdón expreso, ya que en este caso la parte demandada estaría obligada a acudir a cursos y talleres a cambio de no pagar una condena.

La propuesta es impulsada por la diputada Mónica Lara Chávez (del PES), quien advirtió que la violencia familiar va en aumento y “se tiene que optar por otro tipo de mecanismo o soluciones anticipadas, en un plano de igualdad que permita a la víctima tener un acceso efectivo a la justicia”.

Su iniciativa precisa que el beneficio no aplicaría de forma general, sino que tendrían que cumplirse ciertos requisitos para acceder a él.

Se prevé que el restablecimiento indemnatos no aplique cuando exista un dictamen psicológico que revele un sometimiento psicológico de la víctima, o esta sea una mujer embarazada, una persona con discapacidad o mayor de sesenta años.

Para esto contempla reformar el artículo 284 Quáter del Código Penal del estado, a fin de que establezca:

“El restablecimiento indemnatos procederá cuando, a satisfacción del Ministerio Público se reúnan las condiciones siguientes: I. El conocimiento y la aceptación del sujeto activo de la posibilidad del no ejercicio de la acción penal previa la garantía o reparación del daño de forma integral a la víctima;

II. Se establezcan las condiciones para asegurar la integridad de la persona agraviada, y III. La reeducación de la persona agresora con perspectiva de género en institución pública debidamente acreditada”.

El artículo 116 del mismo código explica que el restablecimiento indemnatos “es la restauración inmediata del bien, de forma satisfactoria al Ministerio Público y proporcional al daño causado, que extingue la acción penal o termina la prosecución procesal por voluntad de las partes”.

La iniciativa de Lara Chávez será analizada antes de su posible aprobación en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.