Con hasta 9 años de cárcel y multa máxima de 115 mil 840 pesos buscan castigar en Puebla la suplantación de identidad cuando la víctima sea servidor público.

Si el afectado es un civil, la pena máxima únicamente sería de seis años de prisión y la multa más alta llegaría a 86 mil 880 pesos.

Así lo planteó la diputada María del Carmen Saavedra Fernández (de Morena) en el Congreso del estado.

A través de una iniciativa pretende reformar el Código Penal del estado para tipificar el delito de suplantación de identidad, que en el estado aún no es reconocido.

En un nuevo artículo 258 Bis se prevé establecer: “se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a la persona que cometa el delito de suplantación de identidad, que consiste en emplear cualquier medio y sin el consentimiento de la persona, que legítimamente deba otorgarlo, para hacerse pasar por otra persona, sea física o jurídica, asuma, utilice, usurpe o suplante su identidad, con el objeto de obtener un lucro, para sí o para un tercero, o producir un daño patrimonial; debiéndose entender por identidad, para los efectos de este capítulo, todos aquellos datos personales, firmas, informes, documentos o imagen pública, que identifican a una persona física o jurídica, que la individualizan y le permiten ser identificada o identificable ante la sociedad, a través de cualquier medio impreso o electrónico”.

En el 258 Ter se tipificaría la suplantación de identidad digital: “se impondrá de dos a seis años de prisión, y multa de doscientos a cuatrocientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a la persona que cometa el delito de suplantación de identidad digital, que consiste en que una persona por sí o por interpósita persona, mediante alguna manipulación de medios electrónicos, telemáticos, informáticos o intercepción de datos de envío, se apodere, transfiera, utilice o disponga de información personal, firma electrónica, documentos, audios, imágenes o correos electrónicos, con el objeto de suplantar una identidad, obtener un lucro indebido o provocar un daño patrimonial”.

El mismo artículo advertiría: “las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando: I. El sujeto tenga conocimientos técnicos o profesionales en materia de informática, sistemas computacionales o electrónicos o cualquier otro afín; y II. El sujeto activo cometa el ilícito en contra de personas físicas o jurídicas que ejerzan una función o servicio público”.

Piden examen de confianza a fiscal 

En otra iniciativa se planteó que para ser fiscal General del estado se deberá aprobar un examen de control y de confianza.

Para esto el diputado por el PRI Jonathan Collantes Cabañas propuso reformar el artículo 99 de la Constitución local.

A su vez, los seis diputados de las bancadas de PRD, MC y CPP plantearon otorgar estímulos y dar preferencia en programas sociales a los ganaderos que destinen una parte de sus parcelas a la conservación del medio ambiente.

Esto bajo el entendido de que el ganado consume la flora más rápido que con la que esta se regenera, de ahí que se busca ayudar a resarcir parcialmente el daño. 

Por su parte el diputado sin partido Gerardo Islas Maldonado propuso que por ley se entreguen reconocimientos a los maestros más destacados del estado para incentivar la labor docente.

Todas las iniciativas se turnaron a comisiones para su análisis y eventual aprobación.