Desde hace 11 meses los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) laboran sin oficinas ni salarios, confirmó el presidente, Daniel Alejandro Valdés Amaro.

Este miércoles, en su última conferencia de prensa como titular del CPC, señaló que el reto en la operatividad de este organismo será restituir totalmente los salarios de sus cinco integrantes y establecer un espacio para atender a la ciudadanía, sesionar, así cómo trabajar.

Recordó que en febrero el órgano de gobierno del SEA les pidió el espacio que ocupaban y les impidió realizar sus sesiones en la sala que tenían en el edificio de la 4 Poniente 719 del

Centro Histórico de Puebla, por lo que empezaron a trabajar desde sus hogares con conferencias virtuales.

El órgano de gobierno tenía hasta el 29 de octubre a la ex secretaria de la Función Pública, Olivia Villaseñor Rosales, como representante del gobierno estatal. Además participan la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María de Lourdes Dib; la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, Marcela Carcaño Ruiz.

Así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano; y Ulises Sandal Ramos Koprivitza, fiscal especializado de combate a la corrupción.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ha cuestionado el pago de salarios en este organismo y se ha pronunciado por cambiar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), al acusar que los actuales son “morenovallistas puros” que se oponen a su gobierno.

a) November 11, 2020

En trámite amparos para que les paguen sueldo

Sobre la nómina atrasada, aclaró qué hay 5 amparos ante diversos juzgados de distrito en los que los comisionados demandan el pago de su salario que está establecido en la ley y que fue retirado desde la primera quincena de enero.

Hasta ahora, agregó Eira Zago Castro, dos comisionados recibieron 29 por ciento del salario gracias a una orden judicial, aunque esperan una resolución favorable en próximos meses para los cinco integrantes. “Los pagos son los establecidos en la ley “, agregó.

El Comité de Participación Ciudadana está integrado por Daniel Alejandro Valdés Amaro, quien funge como presidente, además de los comisionados María del Carmen Leyva Báthory, Francisco Javier Mariscal Magdaleno, José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.

De acuerdo con la página de transparencia, el presidente tenía una remuneración mensual de 115 mil 385 pesos y 104 mil 894 pesos para el resto de los integrantes.

Daniel Alejandro Valdés agregó que además del salario, les falta un espacio para trabajar y resguardar los archivos de dos periodos de la presidencia.

“La anterior secretaria de la Función Pública, Laura Villaseñor, en un arrebato de soberbia decidió paralizar todo, ser comparsa y detener nuestra estabilidad económica”, condenó.

Reciben apoyo de universidades y empresarios

Carmen Leyva Báthory, quien el próximo 15 de noviembre tomará la dirección del 

Comité de Participación Ciudadana (CPC), refirió que han recibido apoyo de empresarios y universidades.

Informó que el Tecnológico de Monterrey campus Puebla les prestará un espacio para que puedan realizar sus sesiones y gestionan otro más con Coparmex.

La aún comisionada comentó que seguirán adelante con sus demandas y buscarán apoyo para conseguir un espacio que sea favorable para la atención de la ciudadanía.