Se pretende el desechamiento con el argumento de que ya caducó el periodo en el cual puede ejecutarse un juicio político, sin embargo, fue el propio poder Legislativo quien dilató el proceso.

El dictamen que votará el miércoles la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales exhibe que la denuncia fue presentada por un ciudadano desde el 25 de septiembre de 2017.

El documento ventila que la pasada legislatura ni siquiera admitió la queja, pues fue hasta el 21 de septiembre de 2018 cuando la actual administración le dio entrada y la turnó a la comisión.

Más de dos años después la comisión que encabeza la diputada Vianey García Romero (de Morena) contempla declarar improcedente la demanda debido a que ya venció el plazo que marca la Constitución Política del estado.

El artículo 130 constitucional establece que: “los procedimientos del juicio político sólo podrán iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, debiendo imponerse las sanciones cuando procedan, en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

Además de la caducidad, el dictamen de la comisión sostiene que la queja ciudadana carece de materia porque la Contraloría Interna del Congreso declaró inocentes a los diputados.

“Lo solicitado carece de materia toda vez que en lo referente a la responsabilidad de los servidores públicos fue materia de procedimiento ante la Contraloría Interna en la que se determinó la inexistencia de irregularidades administrativas, de igual forma respecto a la solicitud de juicio político en esta ha operado la figura de la caducidad prevista en el artículo 130 de la Constitución Local”, concluye el resolutivo de García Romero.

Exigieron sanción o destitución

El ciudadano de nombre Ángel Manuel López Rafael no pidió exclusivamente iniciar el juicio político a los diputados, sino que demandó inhabilitarlos, suspenderlos o al menos sancionarlos con penas menores.

Esto al acusar que en la pasada legislatura se impidió varias veces a los ciudadanos ingresar al recinto legislativo para presenciar las sesiones del pleno.

De manera específica se exigió investigar y sancionar a los diputados de la Mesa Directiva (que conduce las sesiones); de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (integrada por los coordinadores parlamentarios), así como a los de la Comisión de Derechos Humanos, por ignorar las quejas y ser cómplice del bloqueo.

A la vez se pidió destituir a los entonces titulares de la Contraloría Interna y de la Oficina de Atención Ciudadana, así como al personal de seguridad privada que resguardaban la entrada al Congreso.

Además de la solicitud del juicio político la Comisión de Gobernación planea desechar el miércoles otros 27 ocursos con reportes y notificaciones de ciudadanos y autoridades que se considera que carecen de materia.