Los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación se disputan las entradas marítimas al país elevando "los índices de violencia por controlar las rutas de logística criminal".

En disputa están los puertos de Ciudad de Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas.

El gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación detectaron diversas irregularidades en los puertos del país, que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta la pérdida de millones de pesos por actos de corrupción en la gestión de trámites, según una nota del diario Milenio.

Lo anterior se originó en las últimas dos décadas cuando la Secretaría de Comunicación y Transportes era la rectora de las operaciones de los 117 puertos y terminales nacionales.

Según documentos de inteligencia federal citados por Milenio, se identificó a los seis puertos con más operaciones de grupos del narcotráfico y el diagnóstico es que en la gestión de la SCT en los puertos, las bandas criminales promovieron "la corrupción con funcionarios y autoridades para involucrarlos en sus operaciones y extraer o cargar drogas".

Puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas se convirtieron en puntos estratégicos de los cárteles hasta donde "llegaban embarcaciones procedentes de países de Sudamérica, pero con banderas de otras naciones, las cuales transportaban la droga de diferentes métodos: ocultándola en los barcos, atando sumergibles pequeños a modo de torpedos, o incluso pegándola a sus cascos contenedores".

Otra de las irregularidades detectadas fue el trasiego de combustible de manera irregular en las terminales de usos múltiples ubicadas en el Golfo de México, con la anuencia de autoridades de la SCT y de Petróleos Mexicanos. Sobre las anteriores autoridades portuarias también pesa la falta de transparencia en la concesión y manejo de la seguridad privada de los puertos y terminales marítimas; en la adjudicación directa de los contratos de cesión parcial de derechos y evasión fiscal.