Durante su primer año, el gobierno de la Cuarta Transformación gastó en adjudicaciones directas, 4 de cada 10 pesos destinados a compras públicas, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El instituto encontró que, una revisión de todos los contratos disponibles en Compranet, el gobierno de Morena en su primer año ejerció en compras públicas 323 mil 782 millones de pesos, de los cuales 38.9 por ciento, equivalentes a 125 mil 951.2 millones de pesos, los gastó adjudicando directamente el contrato.

Esa proporción es superior en cuatro puntos porcentuales al 34.9 por ciento registrado en 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, y está por encima del 38.2 por ciento que se registró en 2015, el año con más adjudicaciones durante el sexenio pasado, según información del diario Reforma.

El IMCO advierte en su estudio “Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente”, que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influenciada por acuerdos ilícitos.

 “La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia, ya que este tipo de procesos permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado”, alerta.

El aumento en la discrecionalidad del gasto también está reflejado en la diminución de las licitaciones públicas. En 2019, del total de recursos gastados, el 46.1 por ciento se ejerció mediante licitaciones, lo que representa una disminución de 11 puntos porcentuales respecto del 57.7 por ciento registrado en 2018.

En todo el sexenio de Peña, en ningún momento las licitaciones alcanzaron un nivel tan bajo. En 2015 hubo 54.6 por ciento de licitaciones mientras que en 2017 hubo 65.2 por ciento.

“La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sostiene que las adjudicaciones directas pueden reducir los costos administrativos, ya que el proceso requiere de menos tiempo y recursos”, reconoce el IMCO.

 “Sin embargo, adjudicar directamente no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad”, advierte.