El Congreso de Puebla consumó la desaparición del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Repss), que operaba el Seguro Popular en el estado.

A petición del gobernador Miguel Barbosa Huerta, diputados aprobaron este martes suprimir el Organismo Público Descentralizado (OPD) con el argumento de que ya no es necesario.

El gobierno federal extinguió el Seguro Popular y lo reemplazó por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

La desaparición del OPD se avaló con 28 votos a favor de la coalición Juntos Haremos Historia y el PRI; seis en contra, del PAN y del diputado sin partido Héctor Alonso Granados, así como cuatro abstenciones de MC, PRD y CPP.

El Insabi entró en funciones el 1 de enero de este año, por lo que desde hace diez meses el Repss ha dejado de operar y ya no cubre ninguna función.

El dictamen aprobado argumenta que no se cuenta con una fuente de financiamiento que permita sostener la operación del organismo, de tal forma que su continuidad “generaría cargas económicas innecesarias para la hacienda pública de esta entidad federativa; por lo cual, no se considera conveniente su conservación desde el punto de vista presupuestal y financiero”.

Se indica que el OPD Servicios de Salud del Estado ahora se encargará de cubrir las funciones del Repss, “para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

Denuncian abandono de salud

Ante la supresión del Repss la oposición salió en defensa del Seguro Popular y condenó el Insabi, al cual criticó de inoperante e insuficiente para cubrir la demanda social.

Los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Raúl Espinosa Martínez, así como el perredista Armando García Avendaño y el legislador sin partido Héctor Alonso Granados, señalaron que la medida atenta contra la salud de la ciudadanía.

Si bien admitieron que el Seguro Popular tenía carencias y era lento para otorgar el servicio, sostuvieron que “al menos funcionaba”, no como el Insabi.

Guadalupe Muciño Muñoz (del PT) y Gabriel Biestro Medinilla (Morena) defendieron que la pandemia de Covid-19 frenó la consolidación del Insabi, pero afirmaron que pronto se concretarán los compromisos y servicios prometidos.

Aseguraron que el nuevo programa de salud será universal y estará libre de corrupción, ya que el Seguro Popular establecido en los gobiernos federales panistas estuvo plagado de irregularidades.

Legislan violencia económica

En otro punto de la sesión se aprobó por unanimidad que el incumplimiento de la pensión alimenticia se considere violencia económica, de modo que se pueda castigar con mayor severidad.

Para esto se reformó la fracción III del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A la vez se modificaron varios artículos del Código Penal del estado para que todo tipo de agresiones contra médicos se persigan de oficio y se castiguen de manera más severa, solo durante una contingencia sanitaria como la de Covid-19.

Esta reforma se suma a la aprobada hace unos meses para castigar hasta con seis años de cárcel las lesiones contra el personal de salud.