El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla una iniciativa para desaparecer el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Repss), órgano que operaba el Seguro Popular en el estado.

El mandatario solicita a los diputados suprimir el Organismo Público Descentralizado (OPD) al señalar que ya no es necesario, debido a que el gobierno federal extinguió el Seguro Popular y lo remplazó por el Insabi.

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) entró en funciones el 1 de enero de este año, por lo que desde hace medio año el Repss ya no cubre ninguna función.

Incluso el personal despedido ha realizado múltiples manifestaciones para exigir que sean contratados bajo el nuevo sistema.

La iniciativa del gobernador argumenta que no se cuenta con una fuente de financiamiento que permita sostener la operación del organismo, de tal forma que su continuidad, “generaría cargas económicas innecesarias para la hacienda pública de esta entidad federativa; por lo cual, no se considera conveniente su conservación desde el punto de vista presupuestal y financiero”.

Se indica que el OPD Servicios de Salud del Estado ahora se encargará de cubrir las funciones del Repss, “para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social”.

La iniciativa será presentada formalmente el miércoles en la sesión ordinaria del pleno, para que posteriormente sea analizada y aprobada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio.

Bienes y recursos cambiarán de OPD

Barbosa Huerta instruye que los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos financieros del Repss pasen a manos del OPD Servicios de Salud del Estado, una vez que se apruebe su decreto.

Con respecto al personal, se advierte que solo conservarán su empleo aquellas personas que, “de acuerdo con los perfiles y necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, sean requeridos para la realización de su objeto y de conformidad con la disponibilidad presupuestal que sea autorizada”.

En un artículo transitorio se precisa que habrá 70 días de plazo, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones legales que sean necesarias.