El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que su administración investiga una posible malversación de mil millones de pesos que se habría realizado en la gestión de José Antonio Gali Fayad, en supuestos trabajos de dragado y fumigación del Río Atoyac.

El mandatario aclaró que la indagatoria está en curso y aun no se corrobora que los recursos hayan sido desviados, pero la ‘presunción’ existe.

En su conferencia de prensa de este martes indicó que la limpieza del cauce se convirtió en una fuente de corrupción para los gobiernos, pues por años desviaron recursos para acciones que no se realizaron o que no cumplieron su objetivo.

Barbosa aseguró que durante su gobierno se realizarán acciones concretas, como la clausura de fuentes contaminantes, como talleres mecánicos, fábricas o empresas textiles.

Apenas este lunes, el mandatario poblano y el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, firmaron un acuerdo de colaboración para el saneamiento del cauce Zahuapan-Atoyac.

Ambientalistas: no sirve de nada dragar o fumigar el Atoyac

Integrantes de la agrupación ambientalista Dale la Cara al Atoyac desconocen si se realizaron o no trabajos de dragado y fumigación en el rio del mismo nombre, aunque indicaron que en caso de que se hayan efectuado, en nada ayudarían al saneamiento del cauce.

En los últimos siete años, la limpieza del cauce ha absorbido más de mil 181 millones de pesos sin que el objetivo se haya cumplido.

Verónica Mastretta Guzmán, representante de la agrupación, que desde hace seis años pugna por el saneamiento del Río Atoyac, indicó que aunque era regularmente informada de las acciones a realizar en el cauce durante la gestión del ex gobernador José Antonio Gali, nunca se le notificó sobre acciones de dragado y fumigación. 

Mastretta indicó que en caso de que los trabajos se hayan realizado no servirían para lograr el saneamiento del cauce, por el contrario, si la fumigación no se realiza de forma correcta, los químicos a utilizar podrían contaminarlo más.

En cuanto a los trabajos de dragado, refirió que el cauce tiene una longitud de 200 kilómetros, por lo que se necesitaría dragar toda el agua que corre por el río para limpiarlo, lo que es imposible.

De acuerdo con la acusación que este lunes hizo Barbosa, para la fumigación y el dragado el gobierno de Gali Fayad invirtió 700 y 300 millones de pesos, respectivamente, pero se presume que los trabajos no se ejecutaron.

Limpieza absorbe casi 900 mdp en 7 años y sin resultados

En los últimos siete años, gobiernos municipales, la administración de Puebla y la federación, invirtieron por lo menos 1 mil 181.9 millones de pesos en la limpieza del río, sin que hasta ahora el objetivo se haya logrado.

En respuestas a solicitudes de información pública, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que entre 2013 y 2019 una treintena de ayuntamientos de Puebla y Tlaxcala invirtieron 878.9 millones de pesos, entre 2013 y 2019.

Entre las comunas involucradas destacan Puebla, Texmelucan, Huejotzingo, Chautla, San Andrés Cholula, Tlaxcalancingo y Tlahuapan.

Los recursos se invirtieron en la construcción de colectores, en la instalación de plantas de tratamiento y redes de drenaje sanitario.

En tanto, la Comisión de Saneamiento de Puebla (Ceaspue) indicó que los recursos históricos asignados a la limpieza del río suman 93 millones de pesos, los cuales se emplearon en un proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, para la rehabilitación de plantas de tratamiento en Huejotzingo, Domingo Arenas, Santa Rita Tlahuapan, San Martín Texmelucan.

Piden invertir

Verónica Mastretta aplaudió el convenio que este lunes firmaron los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para restituir el cauce, pero indicó que esta es la primera acción que la administración estatal realiza, pese a que en campaña la asociación presentó una agenda de trabajo a Barbosa Huerta.

La ambientalista subrayó que es necesario que se transparente el convenio en cuestión, pues uno de los principales pasos que se necesitan dar para lograr la limpieza del afluente es conocer los montos a invertir.

La agrupación ha insistido, por lo menos desde 2014, en la conformación de un organismo autónomo que ejerza funciones de vigilancia de descargas residuales y que trabaje en la puesta en marcha de proyectos para sanear el cauce, y en el cual tendría que participar la sociedad civil como vigilante de que los recursos sí se apliquen con transparencia.