Al considerar que no hubo razones para realizar adjudicación directa y urgente para la compra de uniformes escolares en el estado de Puebla, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra Arámburo, pidió a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Administración de la entidad, a publicar los expedientes correspondientes de los contratos y exhortó al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a denunciar cualquier irregularidad reflejada en dicho procedimiento.  

Destacó que los procedimientos para la adquisición de los uniformes escolares tuvieron lugar en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus y no existían posibilidades de iniciar el ciclo escolar en el mes de agosto. En consecuencia, no se advierte razón alguna por la que esta adquisición tuviera el carácter de urgente y por lo tanto no se realizara mediante una licitación. 

Al día de hoy, subrayó, no se tiene previsto el regreso de los alumnos a clases presenciales en escuelas del Estado de Puebla, pues como han señalado las autoridades educativas en múltiples ocasiones, esto sucederá hasta que Puebla haya transitado a un “semáforo epidemiológico verde” y en la actualidad se encuentra en el semáforo rojo. Sin embargo, la Unidad de Adquisiciones de la Secretaría de Administración adjudicó de forma directa a Calzado Grismar S.A. de C.V, Impulsora Mexicana Textil S.A. de C.V. y Manufacturas S.A. de C.V.  la hechura de calzado, faldas, plantones, playeras y suéteres.    

Demandó que es necesario conocer los hechos y documentos que sustentan a estos procedimientos para saber si la aplicación de la adjudicación directa fue hecha con la excepcionalidad que debe caracterizarla. “Hasta la fecha, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado sigue sin hacer públicos los expedientes de los fallos mediante los cuales adjudicó hace casi un mes los contratos de calzado, faldas y pantalones, así como playeras y suéteres, lo cual ya constituye una violación a la obligación de mantener actualizado el portal de transparencia, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y conforme al artículo 134 constitucional, que dicta que l principio de transparencia debe regir la administración de recursos públicos”.