Empresas afiliadas al Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla (CAVAPAC), revelaron que tuvieron que pagar sobornos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla para poder obtener permisos.

Así lo dio a conocer Carlos González Feria, presidente de la CAVAPAC, quien detalló que de las 250 del Colegio, 180 fueron extorsionadas por funcionarios de la dependencia antes mencionada.

Aseguró que los agremiados siempre han padecido el retraso de las constancias y el rechazo del material entregado, como planos para obtener las licencias u otro tipo de trámites. 

“Lo que se ha dado a conocer es una parte de todo un fenómeno de corrupción que se ha desarrollo al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano. La corrupción ha existido desde hace muchos años (...) muchas veces caemos en actos de corrupción porque nos urgen nuestros documentos y tenemos que soltar dinero para que se nos dé lo solicitado", comentó. 

El empresario constructor señaló que la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, tenía conocimiento de la red de corrupción al interior de la dependencia pero prefirió ser omisa ya que nunca se pensó que se haría público, por lo cual solicitan a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que haga una revisión.  

Señalaron que desde hace más de un año se le habían dado a conocer a la alcaldesa las denuncias de actos de corrupción así como el tráfico de influencias y tácticas dilatorias en la entrega de licencias. 

“Las acciones tomadas por la alcaldesa, de retirar del cargo a personal de su gabinete, son producto de actos que la rebasaron porque nunca se imaginó que la denuncia pública se iba a dar; siguió con las mismas prácticas de administración pasadas poniendo a personas sin experiencia y conocimiento ya que es la justificación perfecta para cubrirse la espalda en actos de corrupción”, aseveró  

El pasado 7 de agosto, Rivera Vivanco dio a conocer la destitución de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño, así como de Ismael Couto Benítez, subsecretario de obras y anunció que se iniciaría una auditoría para presentar las denuncias penales correspondientes.