Pagos por obras y servicios contratados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el Hospital Militar Regional de Puebla fueron amparados por facturas de empresas que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó como “fantasma”.

A compañías de ese tipo, diversas instancias del Ejército Mexicano pagaron hasta 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) entre los años 2013 y 2019.

En ese periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recurrió a las llamadas “factureras”, empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México, según un reportaje publicado por el diario El País.

Hospital de Puebla comprueba gasto con facturas falsas

El Hospital Militar Regional de Puebla (Puebla) figura entre otras cinco instalaciones similares que recibieron diversos insumos y servicios clínicos que presuntamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.

El pago total por esas compras para el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar fue de 115 millones de pesos.

Ningún titular ha sido sancionado

A la fecha, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena para esta investigación, indica la publicación.

Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a El País por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información.

Facturas amparan servicios para campos, cuarteles y guarniciones

Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.

La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares.

Compraron botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas

Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas. Entre los servicios asignados está la supuesta renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas y servicios de lavandería, así como mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. El año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año).

La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos (24,5 millones de dólares) por la renta de diversa maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas. Tras el cambio de Gobierno y las reformas legales emprendidas para combatir la facturación falsa que representa un severo problema de defraudación fiscal disminuyó considerablemente el uso de estas empresas. Desde que inició la Administración de López Obrador solo hay constancia de dos facturas de abril de 2019 por 1,1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Los pagos hechos por la dependencia a esta firma los realizó cinco meses antes de que fuera exhibida por el SAT como empresa fantasma.

La constructora, que fue constituida en abril de 2002 en Tabasco, prestó el servicio de “suministro y colocación de material pétreo” en la construcción de la calle principal que conecta a una unidad habitacional militar con el vivero forestal ubicado en el campo número 30-E, en Cárdenas, Tabasco, uno de los viveros que forman parte del programa sembrando vida. Uno de los socios fundadores de la firma es José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario de Cárdenas, Tabasco, que se dice amigo del gobernador de esa entidad, Adán Augusto López, y que ha salido en algunas publicaciones en diarios locales con el político de Morena. En marzo del año pasado, por ejemplo, el mandatario fue captado en la fiesta de cumpleaños de Mendoza Murillo. Aunque se llamó a los números telefónicos que la constructora registró en Compranet, el sistema que concentra los contratos públicos, en estos no hubo respuesta. Tampoco contestaron los correos electrónicos enviados.

Dos de las áreas más importantes donde se usaron facturas falsas por 260,5 millones de pesos es la Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar. El desvío de recursos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento lo dio a conocer EL PAÍS en julio pasado. En el reportaje se reveló que DRM Aceros Internacional actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la Sedena. El caso fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación y la empresa fue sancionada por la Función Pública el año pasado. Sin embargo, los generales que fungieron como directores de Industria Militar en esos años no recibieron sanción.

El País advierte en su publicación que para la misma se buscó a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta.