Para evitar injerencia en el cobro de colegiaturas y entrega de becas, aclarar la asignación de registros de validez oficial de las escuelas y modificar contenidos educativos a impartir, el Consorcio Universitario de Puebla trabaja en una propuesta para modificar la Ley de Educación del Estado aprobada en mayo pasado.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, quien detalló que la propuesta no es únicamente del Consorcio Universitario –integrado por la UPAEP, UDLAP, BUAP, Anáhuac, Madero e Ibero-, sino de instituciones educativas de múltiples niveles y organizaciones de la sociedad civil. 

Refirió que en la ley aprobada hace tres meses es necesario aclarar que la Secretaría de Educación estatal no puede definir el monto de colegiaturas en instituciones privadas, pues lo regularía en última instancia la Comisión Federal de Competencia Económica.

Las instituciones cuestionaron desde mayo pasado que la ley establezca con criterios no claros o subjetivos la revisión de los precios de colegiaturas de las instituciones particulares y posible sanción en caso de considerar que se aumentaron de manera “excesiva”.

Además que para fijar el porcentaje obligatorio de becas se atenderá los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, aun cuando la federación no los ha emitido.

Baños Ardavín también declaró que se busca enmendar problemas en la hechura de la ley como la falta de apertura para su discusión y ambigüedad en la redacción por parte del Congreso del Estado. 

Se cuestiona la sobrerregulación por parte de la Autoridad Educativa Estatal respecto a los planteles y programas, lo cual contraviene el principio de libertad académica.

Además se indica que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (Rvoes) de licenciaturas y posgrados se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con planes y programas de estudio que sólo la autoridad estatal considere “procedentes”.

En la propuesta que se prepara se considera la educación inclusiva, específicamente en atención al público indígena.

Baños Ardavín señaló que en la armonización de la ley del plano federal al local se pasó por alto este aspecto, que fue razón para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnara. 

El organismo promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar que se invaliden nueve artículos de la ley. Del 46 al 48 sobre la educación en comunidades indígenas y del 51 al 56 que se refieren a personas con discapacidad.

El rector de la UPAEP reveló que continúan además las acciones por la vía jurídica para modificar dicho ordenamiento, a través de impugnaciones y amparos en temas específicos.

Aseguró que de 50 a 60 instituciones de distintos niveles educativos se han amparado o conseguido suspensiones en aspectos específicos de la ley, entre ellas la UPAEP.