El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó que la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra de la Ley de Educación de Puebla, tiene que ver con la participación de comunidades indígenas pero no con las inconformidades del Consorcio Universitario.

El mandatario indicó que la normativa, aprobada en mayo pasado, será analizada por la Corte,  y dijo que ya espera su pronunciamiento sobre el tema.

Cuestionado durante su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador indicó que la solicitud de la CNDH nada tienen que ver con las inconformidades expresadas por el Consorcio Universitario, en el sentido de que la normativa daba pie a expropiaciones de inmuebles de colegios privados.

“La acción de inconstitucionalidad, nada tiene que ver con instituciones privadas. Se refiere a artículos que tiene que ver con participación de comunidades indígenas, y pues bueno, que se analice y que la Corte se pronuncie sobre ese asunto”, respondió.

El recurso, que tiene número de expediente 186/2020, controvierte los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva”.

Sobre la educación en comunidades indígenas se impugnaron los artículos 46 al 48, así como del 51 al 56 de la educación para personas con discapacidad.

En los primeros se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación.

En lo que respecta a la educación inclusiva, se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

En mayo pasado, el presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que la normativa en cuestión era un "posible exceso", una mala armonización de la ley nacional y que seguramente sería corregida por la Corte.

Confirma cateos en Ajalpan

En otro orden de ideas, el gobernador confirmó que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron cateos en el municipio de Ajalpan, con el fin de dar con el paradero de Ignacio Salvador Hernández, sobre quien pesa una orden de aprehensión acusado de nexos con la delincuencia organizada.

Durante los operativos hubo seis personas detenidas por su probable participación en actos delictuosos pero el alcalde así como dos de sus hijos están prófugos.

“Se encontró droga, diversos objetos que fueron traídos con seis personas detenidas, esa es la información que se tuvo en la mesa de seguridad pública, fue un despliegue fuerte para prevenir hechos lamentables (…)”, comentó.