En su primer año como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta envió 51 iniciativas al Congreso del estado, de las cuales se han aprobado 45 y dos ya se avalaron en comisiones, así que solo cuatro esperan a ser analizadas por los diputados. 

Como en gobiernos anteriores, la LX Legislatura, con mayoría de Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y PES), ha aprobado las reformas y leyes del mandatario sin modificaciones sustanciales de fondo y solo ha dado lugar a cambios de redacción o estilo. 

El registro de iniciativas publicado en la página de internet del Congreso local exhibe que al gobernador se le han aprobado más iniciativas que a cualquier diputado, e incluso supera 2.5 veces a las diputadas con más propuestas aprobadas, que son la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia y la priista Rocío García Olmedo, que suman 18 y 17 dictámenes avalados, respectivamente. 

El 26 de julio del año pasado se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, la primera iniciativa de Barbosa Huerta, cinco días antes de que asumiera la gubernatura el 1 de agosto de 2019. 

Paradójicamente no se encuentra en el registro, pues el listado de iniciativas del poder Ejecutivo solo incluye las enviadas a partir de septiembre.  

Es así que el listado oficial comienza con la reforma al artículo 122 del Código Penal del estado (la segunda iniciativa de Barbosa Huerta), para otorgar el indulto a los presos políticos. 

Leyes “fast-track” y polémicas 

Entre las reformas y leyes de Barbosa Huerta destaca por polémica la Ley de Educación, pues se aprobó por mayoría el 15 de mayo, tan solo cuatro días después de haber sido enviada al poder Legislativo, en medio de críticas de la oposición y de las universidades más importantes del estado. 

Por otorgar a la Secretaría de Educación injerencia en las cuotas de escuelas privadas, colores y nombres de las instituciones, así como en los planes de estudios, varias asociaciones se inconformaron y tramitaron amparos, además de que se originó una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación nacionales. 

A nivel local generaron protestas las reformas que ratificaron la penalización de aborto y la exclusividad de los matrimonios heterosexuales, pues se consideraron contrarias a la agenda supuestamente progresista ofrecida en campaña por la coalición Juntos Haremos Historia. 

El argumento que se dio en su momento para no despenalizar el aborto ni reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, fue que ambos temas requerían un análisis amplio, aunque a la fecha este no ha comenzado. 

Reformas señaladas de contradictorias  

Otras reformas también han sido señaladas de ir en contra de lo prometido por Barbosa Huerta o de replicar prácticas que en el pasado criticó el bloque de Morena, PT y PES. 

El ejemplo reciente es que el gobierno del estado tomó la regulación de la publicidad en carreteras federales y estatales, igual que en los gobiernos panistas, a pesar de que diputados afirmaban que el control de los anuncios correspondía a los ayuntamientos. 

El alza de impuestos y derechos, así como la renovación de placas vehiculares y tarjetas de circulación, establecidos en la Ley de Ingresos aprobada en diciembre, fueron otras medidas que acarrearon críticas al gobierno estatal y los diputados. 

La creación del Impuesto sobre Juegos con Apuestas previsto en la nueva Ley de Hacienda, así como el aumento de multas por infracciones de tránsito, previstas en las reformas al Código Fiscal, obtuvieron un fuerte rechazo de la ciudadanía. 

La permanencia y reforma al Organismo Público Descentralizado (OPD) Ciudad Modelo, también se criticó porque Barbosa Huerta ofreció eliminarlo, igual que otros órganos creados por gobiernos pasados y que continúan en funciones. 

Pendientes de aprobar  

De seis iniciativas pendientes de aprobarse, dos ya se avalaron en comisiones y solo esperan a ser ratificadas en el pleno: una busca revocar la permuta de 42 hectáreas del parque “Flor del Bosque”, autorizada por el exgobernador Antonio Gali Fayad en 2018, y otra es para autorizar una donación de diez hectáreas de un predio estatal a San Pedro y San Andrés Cholula. 

Las iniciativas que aún no se discuten en comisiones son: la nueva Ley de Mejora Regulatoria; una reforma a la Ley de Rendición de Cuentas para regular a los auditores externos de ayuntamientos y universidades; la autorización de otras 26 hectáreas a San Andrés y San Pedro Cholula, así como el decreto para desaparecer el Régimen Estatal de Protección Social de Salud, órgano que operaba el “Seguro Popular” en el estado.

Foto: Especial