Xalapa, Ver.- Dos integrantes de una familia indígena náhuatl del municipio de Omealca fueron víctimas de desaparición forzada, así como de tortura y violación sexual de parte de la policía estatal de Veracruz en el año 2014, cuando estaba al mando de esta corporación Arturo Bermúdez Zurita en el gobierno del priista, Javier Duarte de Ochoa. 

La recomendación 128/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) da cuenta que, para frenar la investigación contra los policías estatales, señalados de desaparición forzada, altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública ofrecieron dinero a la familia del joven desaparecido.

Una menor de edad -hermana del joven desaparecido-, también fue víctima de policías que la secuestraron y violaron en un intento por intimidar a la familia, buscaban que se diera carpetazo a la denuncia contra elementos de la SSP.

En la época del duartismo prevaleció violencia e intimidación en Orizaba, Naranjal, Cuichapa, Omealca y Cuitláhuac, en la región montañosa de Veracruz. En esa zona decenas de personas fueron levantadas, desaparecidas, y casi media centena apareció flotando en el rio Tonto, afluente del Papaloapan, que hoy se conoce como el “río del terror”.

La integración del expediente de la CEDH confirma la complicidad que existía entre elementos de la policía estatal y municipal con grupos delincuenciales que operaban en la zona. Y que levantaron a un joven de 21 años, por la relación sentimental que sostenía con una mujer que, presuntamente, también era novia de un comandante de la policía estatal. 

El municipio de Omealca, ha sido foco de atención de la zona montañosa, recientemente se informó que la Fuerza Civil logró la detención de Gregorio, alias El Wester, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se le responsabiliza de delitos como narcotráfico, transporte de carga, extorsión y cobro de piso.

La zona ha sido recorrida por Colectivos de Búsqueda que han encontrado fosas clandestinas en una exhacienda, así como pozos artesianos que se usaron para inhumar restos humanos. En enero, presuntos integrantes de una célula criminal repartieron juguetes para celebrar el día del niño.

La historia detrás de la recomendación

El pasado 29 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 128/2020 que va dirigida al Presidente Municipal de Omealca, responsable de la policía municipal; así como al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado y de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, por las deficiencias de la investigación y su participación en la desaparición forzada de un joven de 21 años, en 2014.

En el relato se da cuenta que el joven viajaba en una motocicleta acompañado de un amigo, rumbo a Omealca, cuando elementos de la policía municipal le marcaron el alto en un retén, con el argumento que se había reportado un robo en la zona.

Los elementos municipales notificaron a la policía estatal de la movilización, y a pesar de que los locales les permitieron seguir su trayecto, los elementos a cargo de Bermúdez Zurita, determinaron detener a los dos jóvenes y transportarlos, en una patrulla de la SSP, a la base de la zona.

Los hechos fueron confirmados por taxistas que se percataron de operativo y de la participación de los elementos estatales. Tanto la policía municipal como la SSP negó la existencia de la unidad en la que se dio la detención de los dos motociclistas.

La desaparición se registró el 05 de octubre del 2014, un día después su acompañante fue abandonado en una comunidad de Yanga, que se ubica a 14 kilómetros de Omealca. Lo encontraron sin ropa y con evidencias de tortura. Él confirmó que a su amigo se lo llevaron los policías estatales, porque les estorbaba, pues su novia también era pareja de un comandante.

Fue hasta el 06 de octubre que la familia interpuso la denuncia de desaparición forzada en la agencia del Ministerio Público de Tezonapa, luego de que recorrieron las oficinas de la policía municipal de Omealca, la base de la SSP en Córdoba y la delegación de Fortín, sin encontrar al “detenido”.

Una semana después, el 14 de octubre, una patrulla de la SSP acudió al domicilio de la familia para corroborar la dirección; al otro día se reportó la desaparición de otra integrante de la familia: La hermana, una menor de 16 años, salió a comprar alimentos y regresó hasta el 18 de octubre, con signos de tortura.

En su testimonio, tanto en la denuncia que presentó en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, como ante personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), narró que una conocida de su hermano la citó en una parada de autobús en la entrada del municipio de Omealca. 

La joven a la que sólo conocía de vista, le ofreció asesoría legal para dar con su hermano. La joven se presentó en el punto acordado y ahí fue levantada por sujetos armados que más tarde la entregaron a policías del Estado. La trasladaron a una base en la que había más personas.

En la narración se menciona que todas las fueron violadas por los elementos estatales. Más tarde los llevaron al río Tonto, atados de pies y manos los lanzaron al afluente y los elementos dispararon para matarlos, sin embargo, algunos no recibieron el impacto de las balas y lograron salir, entre ellos la menor de edad, otros aparecieron muertos en los siguientes días.

Antes de arrojarla al río le confirmaron que el levantón era consecuencia de la denuncia que habían interpuesto por la desaparición de su hermano y en la que vinculaban a los elementos estatales. También le informaron que el joven desaparecido había sido tirado en ese lugar.

La intimidación y la amenaza velada hacia los ocho integrantes de la familia, llevó al padre -indígena náhuatl- a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en noviembre de ese mismo año.

Personal de dicho organismo, que debía investigar y emitir la recomendación por posibles violaciones a derechos humanos, fue el vínculo para que “altos funcionarios” de la Secretaría de Seguridad Pública contactaran a la familia, incluso, ofrecieran un soborno a cambio de “parar” la denuncia.

Fueron varias las visitas que hicieron los elementos de la SSP y de la propia Fiscalía General -ya en el periodo de Luis Ángel Bravo-, para pedir que se frenara la denuncia hacia los elementos estatales.

Valiéndose de las condiciones de la familia se les hizo firmar documentación sin conocer qué fue lo que validaron, pues a pesar de hablar y leer español, no les proporcionaron copias de los textos, y usaron su interés por dar con el paradero del joven de 21 años, para presionar a su papá y su pareja, de validar todo lo que se entregó de parte del personal de la FGE.

La queja que se presentó ante la CEDH se archivó en abril del 2015, y para el 2018 la familia, ya con asesoría del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C, logró reactivar la queja y que se emitiera una recomendación por la violación a sus derechos humanos.

Ahora todas las autoridades involucradas tendrán que reconocer la desaparición forzada, deberán reparar el daño ocasionado a todos los integrantes de la familia que se vieron afectados en su patrimonio, física y psicológicamente por la desaparición de uno de sus integrantes y las vejaciones en contra de la menor.