Igual que Morena, el diputado local Gerardo Islas Maldonado (de Nueva Alianza), pretende que el gobierno de Puebla entregue hasta 1,848.3 pesos mensuales a las madres solteras por cada hijo menor de tres años que tengan.

De cara al proceso electoral de 2021, el secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Antonio Gali Fayad presentó una iniciativa para crear la “Ley para el Desarrollo y Bienestar de Madres Solteras del Estado”.

Su propuesta ingresó al Congreso del estado el miércoles, el mismo día que la diputada morenista Tonantzin Fernández Díaz propuso su “Ley para el Apoyo y Empoderamiento de las Mujeres Jefas de Familia del Estado”.

Las dos plantean exactamente lo mismo: entregar dinero, becas, asesorías jurídicas y atención médica a las madres solteras y sus hijos.

El proyecto de la morenista plantea otorgar a las beneficiarias hasta 868 pesos mensuales por un máximo de medio año, es decir, hasta 5 mil 212 en total.

La de aliancista considera la entrega de 1 mil 848.3 pesos mensuales por cada hijo menor de 3 años, pero no establece un límite de tiempo, así que el apoyo podría recibirse desde el nacimiento del infante y hasta que cumpla tres años.

Apoyo por cada hijo

La iniciativa de Islas Maldonado señala en su artículo 5: “las madres solteras tendrán derecho a recibir por parte del gobierno del estado un apoyo económico diario, no menor a medio salario mínimo, por cada hijo menor a los 3 años de edad”.

Tomando en cuenta que el salario mínimo en Puebla es de 123.22 pesos, la mitad equivale a 61.61 pesos.

Como la propuesta es que esa cantidad sea por día, al multiplicarla por 30 da un total de 1 mil 848.3 pesos mensuales, por cada hijo.

Además del dinero, el artículo 4 indica que las madres solteras tendrían derecho a: gozar de atención médica y psicológica preferencial y gratuita; recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene; recibir educación básica; tener acceso preferencial y gratuito a guarderías e instancias infantiles; tener acceso preferencial a becas educativas e incluso recibir incentivos fiscales en el pago de impuestos o servicios.

La ley del aliancista no contempla ningún requisito para acceder a los apoyos ni las causales por las que se podrían cancelar, tampoco señala si habrá un padrón de beneficiarias y mucho menos si será público.

Advierten sanciones por uso electoral

Lo que sí incluye es la prohibición del uso electoral de este programa, pues exige a los funcionarios aplicarlo con imparcialidad y legalidad.

De manera concreta el artículo 10 advierte: “los servidores públicos no podrán en ningún caso condicionar o negar el otorgamiento de apoyos económicos ni podrán emplearlo para hacer proselitismo partidista. En caso contrario, serán sancionados de acuerdo con las disposiciones penales y administrativas aplicables”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar, que encabeza Fernández Díaz, para que sea analizada y eventualmente aprobada en conjunto con la propuesta de la morenista.