El PRI impulsa una reforma a la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta para quitar al gobierno estatal la facultad de regular las cuotas de escuelas privadas y los colores de las públicas.

La diputada Rocío García Olmedo presentó el miércoles una iniciativa para modificar varios artículos que la coalición Juntos Haremos Historia se negó a cambiar el 15 de mayo, cuando se aprobó la norma en el Congreso del estado.

La reforma busca suprimir las disposiciones que universidades y escuelas privadas han calificado como excesivas e inconstitucionales, por presuntamente invadir su autonomía de gestión y funcionamiento.

En razón de estos reclamos se han interpuesto amparos por parte de escuelas y una acción de inconstitucionalidad por diputados de oposición que votaron en contra de la ley, entre ellos García Olmedo.

Regulación de colores 

La iniciativa contempla eliminar del artículo 112 el párrafo concerniente a la regulación de colores de las escuelas públicas, que dice: 

“Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal, sean de color neutro”.

Del artículo 116 plantea suprimir la fracción XI, que actualmente da al gobierno estatal la facultad de vigilar y sancionar a las escuelas aunque no estén incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

La misma facultad estaba conferida en el artículo 146, por lo que se proyecta modificarlo para únicamente diga:

“Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, además podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo”.

Eliminar regulación de cuotas

Para que el gobierno no intervenga en las cuotas de las escuelas privadas, se busca eliminar esta atribución contenida también en el artículo 146, para que solo establezca:

“Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades Educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los términos de este Título”.

El texto que actualmente está vigente y se busca eliminar dice: “derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar“.

La iniciativa será analizada y discutida en la Comisión de Educación antes de su posible aprobación.