Al menos 154 exfuncionarios de Puebla esperan que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emita una resolución de sus cuentas públicas, en las que incluso se imputan daños patrimoniales de hace 13 años.

Entre los acusados se encuentran exalcaldes, exrectores de universidades e institutos, directores de órganos estatales y municipales, así como expresidentes municipales que ya hasta murieron.

Por la lentitud en los procedimientos la justicia puede tardar en llegar, como el caso del exalcalde de Huehuetlán el Grande, Leandro N, detenido el pasado lunes por un presunto desvío de 280 mil pesos cometido en 2005.

La actual legislatura del Congreso local ha procesado a 37 exfuncionarios, ha admitido 65 recursos de revocación contra sentencias de la ASE y apenas está por dictaminar 72 cuentas públicas, varias de ellas hasta con cuatro años de antigüedad.

Esperan sentencia desde 2007

De acuerdo con una revisión a los dictámenes de la Comisión Inspectora, las cuentas públicas más añejas que no se han resuelto datan de hace 13 años y corresponden a los exalcaldes de Chinantla y Teteles de Ávila Castillo, Aarón Domínguez Vargas y Cipriano Palestina Flores.

Hay tres de 2008, de los exediles de Xochitlán, Albino Zertuche y Ahuazotepec: Héctor Melchor Méndez Arroyo, Ángel Miguel Cardoso Reynoso y Bernardo Gustavo Ramírez Ramírez, respectivamente.

De 2009 están pendientes las de los expresidentes de Tlaola y Tlacuilotepec, Juvenal Viveros Bobadilla y Raymundo Flores Islas, así como del exdirector del sistema de agua de Tepeaca, Alejandro Flores Flores y del extitular de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Berea Domínguez.

De hace diez años hay seis cuentas públicas; de 2011 hay 21, mientras que de 2012 esperan nueve y dos de 2013.

En todas ellas la ASE detectó posibles desvíos de recursos, así que sancionó —hasta 2018— con multas e inhabilitaciones a los exfuncionarios, por lo que estos interpusieron recursos de revocación contra esas resoluciones el 3 de julio de 2019, pero ya pasó un año y no se ha resuelto su inocencia o culpabilidad.

Llevan un año bajo proceso

La actual legislatura aprobó el 10 de julio del año pasado 37 Inicios de Procedimientos Administrativos y de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) contra el mismo número de exservidores públicos, por presuntos daños patrimoniales cometidos en 2015 y 2016.

Entre los acusados se encuentra el actual diputado local del PT, José Juan Espinosa Torres, a quien se le imputa un quebranto de 18 millones de pesos cometido en 2016, su último año como alcalde de San Pedro Cholula.

Al mismo tiempo enfrenta otro proceso por un supuesto daño patrimonial de 33 millones de pesos en el 2015.

De un quebranto de 30 millones 160 mil 150.11 pesos se acusa a la exalcaldesa priísta Ernestina Fernández Méndez; a su Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), que presidió Mario Andrades Ortiz, y al Organismo Operador del Servicio de Limpia (Ooselite), a cargo de Pedro Cruz Almaraz.

A José Luis Rechy Tirado, de Compromiso por Puebla (CPP), se le señala de malversar 2 millones 888 mil 630 pesos como munícipe de Cuyoaco, mientras que en San Martín Texmelucan, a Rafael Núñez Ramírez (del PT) se le hallaron irregularidades por 1 millón 893 mil 479.48 pesos.

Al exedil de Tlanepantla, José Efraín García García (del PT), se le investiga por anomalías de 706 mil 544 pesos, aunque fue asesinado en carretera el 12 de abril de 2018 mientras se dirigía a Tepeaca.

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) le imputan irregularidades por 546 mil 168.94 pesos a sus finanzas como presidente de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), fue aprehendido el 5 de julio del 2017 por vínculos con el robo de combustible, aunque lo liberaron el 10 de octubre del 2018 y se le imputa un daño patrimonial de 488 mil 65 pesos a las arcas de Palmar de Bravo.

Aunque ellos y otros 28 exfuncionarios se encuentran procesados desde el 10 de julio, a la fecha no se les ha encontrado culpables o inocentes, por lo que todavía falta que interpongan recursos de revocación aquellos que sí reciban sanciones.

Apenas revisan cuentas de 2017

Otras 72 cuentas públicas de 2017 apenas se encuentran en proceso de solventación, por lo que todavía falta que se aprueben Ipadr en aquellas donde se encuentren anomalías.

En el paquete se encuentran las de la actual diputada federal Verónica Sobrado Rodríguez; del alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez y del director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz, todos ellos panistas.

La cuenta pública de Sobrado Rodríguez corresponde a su último año como rectora de la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT); la de Velázquez Gutiérrez, a su último año al frente del Instituto Tecnológico de Atlixco, y la de Gaytán Alcaraz a su segundo año como director del Sistema Operador de Agua y Alcantarillado de Puebla (Soapap).

El resto son de los exalcaldes de Aljojuca, Atzitzihuacán, Chiautla, Cañada Morelos, Chigmecatitlán, Cuapiaxtla de Madero, Esperanza, Domingo Arenas, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Piaxtla, San Juan Atzompa, San Salvador El Verde, Santa Inés Ahuatempan, Tecali, Tecomatlán, Tlacotepec, Tepeojuma, Tlapanalá y Xochitlán, por mencionar algunos.

Se debe mencionar que en este recuento no se contemplan las cuentas públicas 2018, que apenas están en la primera revisión de la ASE y todavía ni se emiten observaciones, así que no ha comenzado el proceso de solventación.

Foto: Especial