Para comenzar la construcción del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor de la obra, buscó un resquicio en la legislación ambiental eludir el requisito de la Manifestación de Impacto Ambiental.

El objetivo era iniciar cuanto antes la obra que ya tenía dos meses de retraso por la contingencia sanitaria.

El Fonatur había contratado, por 60 millones de pesos, a MexTypsa en mayo de 2019 para asesoría técnica del megaproyecto y recomendó que  “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (...) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”, según un documento citado por el diario El Universal .

Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos y permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios.

Pero Fonatur, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (...) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, citado por El Universal.

El fundamento legal para la exención es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán  solicitarla “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.

El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.

El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en 1988”.