El Congreso de Puebla es uno de los 30 del país que han evitado vigilar de cerca el gasto de los gobiernos estatales para combatir la pandemia de Covid-19, advirtió la organización civil Transparencia Mexicana.

En su evaluación sobre el seguimiento de la contingencia, señaló que la legislatura poblana carece de un órgano, comisión especial o comité que analice e investigue las licitaciones, compras y contratos que ha realizado la administración de Miguel Barbosa Huerta durante la contingencia.

La asociación lamentó que, a 100 días de la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país, casi todos los congresos locales y el de la Unión han evitado exigir cuentas al poder Ejecutivo federal y los estatales.

Si bien reconoció que por la contingencia han comparecido funcionarios federales y estatales ante diputados, puntualizó que los congresos “no han aprovechado las herramientas que la propia Constitución les asigna” para ejercer una vigilancia profunda y vinculante.

Esto al recordar que los senadores, diputados federales y locales “tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país”.

“La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, enfatizó la agrupación.

Ante el poco interés de los diputados por la transparencia en el gasto de recursos, la organización recordó que la figura de comisiones especiales puede ser una herramienta para vigilar la actuación de los gobiernos.

“Las comisiones especiales son órganos colegiados cuya tarea es la de atender, investigar y observar asuntos de interés público. El resultado de la investigación deberá ser del conocimiento del Poder Ejecutivo. Por su naturaleza plural constituyen un espacio para integrar diferentes perspectivas de los partidos políticos que integran el Congreso”, apuntó.

Sólo Sonora y Coahuila vigilan gasto

Transparencia Mexicana exhibió que solamente los congresos de Sonora y Coahuila han conformado comisiones especiales para vigilar el gasto de los gobiernos.

No obstante, refirió que, en el caso de Coahuila, el acuerdo publicado sobre la integración del órgano “no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos”.

Sobre el Congreso de la Unión, apuntó que en la Comisión Permanente hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos federales, pero hasta el 22 de junio que concluyó la evaluación, no había sido aprobado por el pleno.

Transparencia Mexicana sentenció que mientras los legisladores no ejerzan sus funciones aprovechando las herramientas que la ley les otorga, de poco servirán sus “sendos pronunciamientos y comunicados en redes sociales a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos”.