De acuerdo con el estudio “Magnitud del impacto social del Covid-19 en México, y alternativas para amortiguarlo”, realizado por el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), se esperan 12.2 millones de pobres adicionales a nivel nacional por el impacto económico del Covid–19, de los cuales, 5.5 millones pasarán a pobreza moderada y 6.6 millones pasarán a pobreza extrema. De igual manera, se espera una contracción de las clases medias del 9%  (11.5 millones de personas).

Las 5 entidades federativas que concentrarán el mayor impacto de esta contracción económica son el Estado de México con 1,992,000 personas adicionales en situación de pobreza; Veracruz con 1,003,000 personas adicionales en situación de pobreza; Puebla con 786,000 personas adicionales en situación de pobreza; Guanajuato con 726,000 personas adicionales en situación de pobreza y, Ciudad de México con 657,000 personas adicionales en situación de pobreza.

Así lo informó el diputado federal del Partido Encuentro Social (PES), Fernando Manzanilla Prieto, quien exhortó a la Secretaría de Bienestar y as sus homólogas en las 32 entidades federativas y municipios, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las políticas públicas de alimentación y nutrición para facilitar la instalación y operación permanente de bancos de alimentos, comidas comunitarias, comedores escolares y vales de comida a favor de las personas y grupos vulnerables y en estado de necesidad alimentaria.

El legislador poblano señaló que “con las recientes pérdidas de empleo e ingresos, muchos hogares se enfrentan a la imposibilidad de comprar alimentos, de tener que reducir su ingesta nutrimental y así entrar a las cifras –por unos meses- de inseguridad alimentaria”.

Por tal razón y ante el actual escenario, exigió que los gobiernos de las entidades federativas deben implementar “programas emergentes de apoyos económicos y alimentarios, destinados a brindar seguridad a los sectores de su población que se encuentran en estado de vulnerabilidad”.

Como resultado de la reciente crisis sanitaria por el Coronavirus, aseguró que “el problema de pobreza que afecta a millones de mexicanas y mexicanos se ha visto fuertemente agravado durante el primer semestre del presente año”.

Con base en cifras del CONEVAL durante el mes de mayo del presente año, “La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables”. Indicó que la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3% a 45.8% en el segundo trimestre del 2020.

Los sectores de la población, puntualizó, que afrontan esta pandemia con mayores desventajas son: las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas, y niñas y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.

Advirtió que la crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Durante los meses de marzo y abril, el INEGI realizó la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), en la cual se obtuvo que la población ocupada en el país bajó de 57.4 millones de personas en marzo de este año, a 45.4 millones de personas en abril.

En este sentido, la ETOE reportó que la Tasa de Participación Económica en abril de 2020 fue del 47.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena. Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo.