Transparencia Mexicana y Tojil anunciaron que el Mecanismo de Seguimiento a Planes, Fondos, Programas y Acciones en el marco de COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia, ampliará su trabajo hasta el periodo post-Covid. Dará seguimiento a los planes e instrumentos presupuestales y financieros de los gobiernos estatales y el Gobierno Federal para la reactivación y recuperación económica.

Pese a que aún todo el país se ubica en semáforo rojo por la contingencia sanitaria, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales de cara a la reactivación y recuperación económica post-covid. A diferencia de los recursos presupuestarios, estos instrumentos pueden generar obligaciones que trascienden el ejercicio fiscal 2020. En el caso de la deuda supone obligaciones para más de una generación de mexicanas y mexicanos.

Una primera revisión de los instrumentos que prevén los gobiernos estatales y la Federación permitió identificar qué estados están haciendo públicos cada uno de estos instrumentos. Todo instrumento adquirido para financiar la recuperación económica, incluida la deuda pública, debe ser transparente, tanto en el proceso de aprobación, su negociación con las instituciones crediticias y también en la ejecución de los recursos. 

Transparencia Mexicana y Tojil señalan indispensable que los gobiernos de las entidades publiquen en sus micrositios COVID-19 el origen y destino de los recursos a implementar en la reactivación y recuperación económica. Este nivel de transparencia es especialmente relevante de cara al proceso electoral federal y por entidad federativa en 2021.

En términos de deuda pública, solo Jalisco y Guanajuato han publicado información sobre la deuda adquirida por el estado para financiar la recuperación económica. La deuda contratada por estos dos estados en este tipo de instrumento de financiamiento es de más de 11 mil 720 millones de pesos.

Solo cuatro gobiernos estatales publican información suficiente para estimar el total de los  créditos para empresas, entregados o por entregar, en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. Coahuila informa sobre 800 millones de pesos (mdp), Puebla sobre 540 mdp, Sonora por 185 mdp y Zacatecas por 70 mdp. Los créditos de estos cuatro estados suman más de 1500 millones de pesos.

Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz no transparentan en sus micrositios especiales de COVID-19 los programas y apoyos anunciados a través de distintos medios de comunicación. Además del buen manejo de los recursos, desconocer el origen, destino y uso de estos programas de apoyo representa un riesgo adicional ante el inicio del periodo electoral 2021.