En Puebla se buscará castigar como feminicidio los asesinatos de mujeres políticas y activistas sociales, a fin de que los responsables reciban hasta 70 años de cárcel y multas de hasta 86 mil 880 pesos.

Una iniciativa de ley plantea modificar el Código Penal del estado para que los homicidios de mujeres de dichos sectores sean considerados como crímenes por razón de género.

Para ello se busca agregar una fracción X al artículo 338, a fin de que ahora establezca:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando con la privación de la vida concurra alguna de las siguientes circunstancias:

X.- Que la mujer sea privada de la vida, por razón de su actividad política, social o por la defensa de derechos humanos, ya sea para obstaculizar y/o impedir su ejercicio, sea solo en perjuicio de la víctima o de forma indirecta de otras mujeres”.

En otra fracción se propone que también sea feminicidio aquel asesinato de mujer que sea cometido bajo una relación de subordinación o discriminación o “resultante de una relación desigual de poder del victimario sobre la víctima”.

Esta iniciativa será presentada el viernes en la sesión virtual del Congreso del estado por la diputada panista Nancy Jiménez Morales y será enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y eventual aprobación.

Hasta 70 años de cárcel

El artículo 338 Bis del Código Penal advierte que: “a quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario”.

A su vez el 338 Quáter enfatiza que la pena de cárcel llegará hasta los 70 años si la víctima estaba embarazada.

En 2019 Puebla contabilizó 58 feminicidios, con lo cual se convirtió en el quinto estado del país más peligroso para las mujeres.

También se contabilizaron 67 homicidios dolosos de mujeres, pero organizaciones civiles han advertido que en este rubro se podrían encontrar feminicidios que son investigados como tal por falta de elementos o por criterio de la Fiscalía General del Estado (FGE).