La nueva Ley de Educación de Puebla pretende frenar abusos de escuelas privadas; que el gobierno regule sus nombres y hasta colores, e incluso tenga injerencia en sus bienes, pues contempla declararlos parte del Sistema Educativo Estatal que controla la Secretaría de Educación.

Esto permitiría al gobierno tener control de los bienes, ordenar adecuaciones de las instalaciones educativas, evaluar la infraestructura de las instituciones e instruir medidas de seguridad, protección civil o mantenimiento.

Así lo advierte el artículo 94 de la nueva norma, que es impulsada por la Comisión de Educación del Congreso local:

“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

El proyecto de ley busca remplazar a la Ley de Educación vigente, se presentó la semana pasada y ya es analizado por la comisión y el titular de la Secretaría de Educación del estado, Melitón Lozano Pérez.

Gobierno evaluará instalaciones

El mismo artículo 94 señala que: “la Secretaría coadyuvará con la autoridad educativa federal para mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento de los muebles o inmuebles que se destinen al servicio educativo”.

El Sistema Educativo Estatal al que se pretende incorporar a las escuelas privadas se describe como: “el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que se imparta en el Estado de Puebla, desde la educación básica hasta la superior” y, de acuerdo con el artículo 18, la persona titular de la Secretaría de Educación presidirá por sí sola el sistema.

De acuerdo con la SEP federal, en Puebla se registraron hasta septiembre de 2019 a 3 mil 426 escuelas privadas de educación básica, media superior y superior, que representan al 22 por ciento de las 15 mil 383 instituciones que existen en total.

Regularán nombres y hasta colores de escuelas

La nueva Ley de Educación también busca facultar al gobierno para que regule los nombres y hasta los colores de escuelas (públicas y privadas), a fin de que estos sean “neutros” y no exalten a un gobierno, un funcionario o un sindicato.

Así lo advierte el artículo 101 de la iniciativa: “los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro. Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”.

También precisa que la Secretaría será la única facultada para establecer las denominaciones oficiales de los planteles, mismos que deberán “hacer referencia a los valores nacionales, maestros eméritos o nombres de personas ameritadas a quienes la Nación o el Estado de Puebla deba exaltar para engrandecer, nuestra esencia popular y los símbolos patrios”.

Prohibirán retención de documentos

La norma que se impulsa contempla prohibir a las escuelas privadas la retención de documentos personales o académicos por falta de pago.

Además busca impedirles que condicionen inscripciones o servicios por la compra de uniformes o contratación de actividades extraescolares.

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, sentencia el artículo 130.

En el mismo se enfatiza: “la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Las y los educandos, las madres y padres de familia, tutoras o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia”.

De incumplir con las nuevas disposiciones, las escuelas privadas podrían ser multadas o hasta clausuradas.

Foto: Especial