El Movimiento Antorchista acusó que la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta para castigar hasta con diez años de cárcel la operación de taxis y grúas “pirata” es un nuevo “garrote político” para someter a los transportistas.

Casi una semana después de aprobarse en el Congreso del estado, la agrupación condenó la modificación del artículo 190 bis del Código Penal aunque ya está por promulgarse y anunció protestas a pesar de la contingencia por el Covid-19 y la prohibición de actos masivos.

En rueda de prensa este lunes, Ovidio Celis Córdova, presidente de la Comisión del Transporte de Antorcha, reclamó que la reforma resulta arbitraria y tiene dedicatoria para los “enemigos políticos” del gobernador.

Por la abierta confrontación del mandatario con los antorchistas, advirtió que la disposición se usará para perseguir y no para regular el transporte, como supuestamente se busca.

De “tiránica” calificó a la administración de Morena al reconocer que la nueva disposición afectaría a unos 2 mil 500 transportistas agremiados a Antorcha que circulan sin autorización.

SMT provoca el transporte pirata

Celis Córdova responsabilizó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado como la causante del transporte “pirata”, debido a la corrupción que reina en la dependencia.

Aseguró que los antorchistas han buscado operar de manera formal, pero acusó que la secretaría a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría no hace nada “si no hay dinero de por medio”.

“Hablan de que hay transporte pirata, pero la Secretaría es la que ocasiona el pirataje; si tú te paras en la secretaría, no hay permiso, no hay ningún trámite, no hay nada si no hay dinero”, sentenció.

Por lo anterior anunció una campaña en redes sociales contra la reforma, así como una protesta de transportistas el martes en la mañana.

A pesar de la contingencia por el virus Covid-19, confirmó la movilización de al menos 2 mil 500 personas del Paseo Bravos al Congreso del estado a partir de las 9 de la mañana.

Las reformas y las sanciones

La reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta servirá para imponer hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 43 mil 440 pesos a los propietarios y operadores de transporte público, taxis, grúas y corralones “pirata”,

Las penas mínimas que se pondrán establecer son de 8 mil 688 pesos y seis años de cárcel, así como la suspensión de la licencia por un año y el decomiso de los vehículos.

La reforma fue aprobada el miércoles pasado con 22 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones, entre reclamos del PAN, el PRI y diputados disidentes de Morena y PT, que advirtieron que la medida criminaliza a los transportistas en lugar de buscar incorporarlos al mercado formal, además de que se acusó una evidente dedicatoria al Movimiento Antorchista.