En el Congreso de Puebla se busca duplicar las penas a quien maneje microbuses o taxis “pirata” y a quienes realicen llamadas falsas o de broma a los números de emergencia.

En el primer caso se prevé elevar de 3 a 5 años de prisión a quien preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil sin contar con el permiso o concesión. 

Para esto se pretende reformar el artículo 190 bis del Código Penal, a fin de que también se impongan multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, con valor de 25 mil 344 a 42 mil 240 pesos.

De la misma forma, a los responsables se les suspendería de 1 a 5 años la licencia para conducir vehículos y en caso de reincidencia, además de la pena de cárcel, el culpable se haría acreedor a la suspensión definitiva de la licencia.

Para esto habría que modificar el contenido del artículo vigente, que actualmente dice: “al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario. Igual sanción se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios”.

La intención es que ahora diga: “al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte o del servicio mercantil, se le impondrán de 3 a 5 años de prisión, multa de 300 a 500 días de salario y la suspensión de licencia para conducir vehículos de 1 a 5 años; y que además en caso de reincidencia, aunada a la pena de prisión correspondiente, se le impondrá la suspensión definitiva de la licencia para conducir”.

La iniciativa de ley fue presentada este lunes durante la sesión ordinaria del Congreso por el exaliancista y ahora diputado sin partido, Jonathan Collantes Cabañas.

Mano dura por llamadas falsas

En otro punto de la sesión, se propuso duplicar las sanciones por llamadas falsas o de broma a los números de emergencia, delito que actualmente se castiga con hasta dos meses de prisión y hasta 10 mil 400 pesos.

Se proyecta incrementar la pena máxima a 4 años de cárcel y, en caso de reincidencia, que pase a 5 años y cuatro meses, así como multas de hasta 22 mil 528 pesos.

Para ello se busca modificar el artículo 186 Septies del Código Penal, que en la actualidad establece: “al que realice una llamada de emergencia o permita utilizar su teléfono, a sabiendas de que es una llamada o aviso falso de alerta con el único objeto de inducir al error y movilizar a los sistemas de emergencias y urgencias o su equivalente, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario”.

Con la reforma el texto quedaría de la siguiente forma: “a quien realice llamada, aviso o alerta falsa a números de emergencia a través de cualquier medio de comunicación, como teléfono fijo, móvil, aplicaciones de internet o cualquier otro medio electrónico, con el único objeto de inducir al error y movilizar a los sistemas de emergencias y urgencias o su equivalente, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de veinte a doscientas el valor diario de la Unidades de Medida y Actualización.

Las mismas sanciones se aplicarán quien permita utilizar los medios señalados en el párrafo anterior, a sabiendas de que se hará una llamada para dar un aviso de emergencia falsa.

En el caso de reincidencia, se incrementará la sanción hasta en dos terceras partes. Si llamada, aviso o alerta falsa es realizado por un menor de edad, se sancionará de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez y, al igual que la anterior, se remitió a comisiones para su discusión y análisis antes de su posible aprobación.