Cuando asumió la gobernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa ofreció “grandes transformaciones” para el estado. “Todo nuevo”, prometió. Sin embargo, en un poco más de 6 meses de gobierno su gestión ha sido cuestionada por replicar prácticas que él mismo criticó de morenovallismo, como la persecución y el espionaje a opositores y exaliados, presos políticos, el apoderamiento de las instituciones y la intolerancia crítica.

Además, las primeras actuaciones de Barbosa han causado descontento social. Autorizó el alza a las tarifas del transporte urbano, creó y aumentó impuestos, ordenó el reemplacamiento vehicular y revivió las fotomultas de tránsito.

Además, el mandatario ha abandonado banderas de su campaña, como la desprivatización del servicio de agua potable y la cancelación de diversas obras que atentan contra el medio ambiente y las comunidades, conocidos como “Proyectos de muerte”.

El inicio de la actual gubernatura poblana también está marcado por la inestabilidad en su gabinete: en medio año ha tenido cinco nuevos secretarios.

De acuerdo con las más recientes encuestas hechas por Arias consultores y Massive Caller, el mandatario poblano es de los peor calificados del país, ubicándolo en los lugares 32 y 29, respectivamente.

Sin compromiso

Para el académico, morenista y excandidato a la gubernatura en 2016, Abraham Quiroz, la administración de Barbosa no se distingue “absolutamente en nada” de los gobiernos del PRI y del PAN que lo antecedieron. “reproduce masivos vicios, procedimientos y formas del viejo régimen que Morena combatió, critica.

No obstante, considera de alguna manera como “lógica” la actuación de gobernador, debido a su pasado perredista, a sus ligas con la corriente de Los Chucho, y al hecho de que fue uno de los firmantes del Pacto por México que encabezó el presidente priístia Enrique Peña Nieto. “Y hasta fue cercano al extinto exgobernador Rafael Moreno Valle”.

Tras los comicios extraordinarios de 2019, a causa de deceso de la gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, Moreno Valle, en un accidente aéreo, el gobierno instalado en Puebla llegó al poder de la mano de Morena, aunque “no gobierna con Morena”, considera Quiroz. Sólo hay dos militantes morenistas en el gabinete de Barbosa: el secretario del Trabajo, Abelardo García, y la titular de DIF estatal, Leonor Vargas. “No hay un compromiso como gobierno de izquierda, agrega.

Acusan dedazo

Militante de Morena y operador político de Barbosa en las elecciones estatales de 2018, el diputado local José Juan Espinosa considera que una de las promesas que el gobernador ha roto es la del equilibrio de poderes.

“Las mismas prácticas de sometimiento que operaron en el morenovallismo se estilan en el actual gobierno”, sostiene quien quedó excluido del barbosismo en los recientes comicios de 2019.

Espinosa acusa a Barbosa de haber dado línea a la mayoría parlamentaria de Juntos Haremos Historia para que fueran aprobadas las reformas que son contrarias a la agenda histórica de la izquierda, como prohibir matrimonios igualitarios y mantener la criminalización del aborto en Puebla.

También considera que ha sido claro que los diputados estatales, “operaron por consigna” cuando votaron por la designación de José Félix Cerezo Vélez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pese a que éste obtuvo una de las más bajas evaluaciones durante el proceso de selección,

El exoperador de Barbosa dice que lo mismo ocurrió en la designación del auditor del estado, Francisco Romero Serrano, que no sólo fue promotor de la campaña del hoy gobernador, sino quien buscó ser el candidato de Morena en 2018.

Recuerda que al día siguiente del nombramiento de Romero se inició una auditoría “preventiva” en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuyo rector, Alfonso Esparza, lo acusa de violentar la autonomía de la institución.

Golpe al bolsillo

El diputado local José Juan Espinosa también cuestiona los actos del gobierno de Barbosa que, contra lo que ofreció en campaña, laceran la economía popular. Destaca la autorización del mandatario para aumentar 41% la tarifa al transporte urbano, así como el llamado “placazo” (reemplacamiento) que costará 965 pesos, un gasto que se sumará a los demás pagados por derechos vehiculares.

También expone el impuesto que Barbosa creó de 3% al hospedaje y de 6% a los juegos, loterías y apuestas, sin olvidar el alza de 2.5 a 3% para el Impuesto Sobre Nómina.

El representante de la organización Asamblea Social del Agua, Omar Jiménez, también hace señalamientos contra el gobierno estatal. Acusa que Barbosa evade el tema pendiente de la desprivatización del servicio potable, una de sus banderas de campaña, y que bajo su gobierno el Congreso local pretende darle más herramientas a la concesionaria Agua de Puebla para Todos para que ésta obtenga más ganancias.

La iniciativa que impulsa la aplanadora de Morena pretende convertir en créditos fiscales los adeudos de los usuarios morosos, dejando la posibilidad de que la concesionaria realice embargos, Cabe aclarar que la empresa ya realiza cortes totales del servicio de agua potable y drenaje a los deudores.

“No es la continuidad del morenovallismo, es peor, Ni Moreno Valle de atrevió a tanto”, lamenta Jiménez.

Acoso

El diputado local José Juan Espinosa dice ser el primer perseguido político del sexenio. El legislador fue destituido de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Comisión Inspectora. El Congreso Local, además, aprobó un procedimiento en su contra sobre su gestión como alcalde de Cholula.

La “persecución”, asegura, se intensificó cuando su esposa, la senadora morenista Nancy de la Sierra, pidió desde la tribuna que el gobernador ofreciera una disculpa pública por su dicho “me robaron, pero los castigó Dios”, en referencia al exgobernador Moreno Valle y a las elecciones que perdió ante Alonso.

El mandatario no se disculpó y la Fiscalía General de estado retomó una denuncia de años atrás que varios panistas presentaron contra Espinosa y su esposa por enriquecimiento ilícito.

El legislados local denuncia que con la reapertura de su proceso, la persecución política en su contra ha incluido actos de espionaje con drones que sobrevuelan su casa y oficinas, así como intervenciones telefónicas, la visita de policías judiciales a su domicilio y la solicitud del Ministerio Público a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre los viajes internacionales que él y su familia realicen.

Un caso similar ocurre con el alcalde de Morena en Tehuacán, Felipe Patjane, dice Espinosa. Señala que ha sido irregular el proceso del edil que está encarcelado desde el 16 de noviembre. “ni si quiera había rendido su primera cuenta pública cuando se le acusó de malos manejos”.

Detalla que los problemas del alcalde comenzaron cuando despidió a la tesorera, al contralor y al secretario general, personas que fueron nombradas unas semanas antes a petición de Barbosa.

De concretarse la salida del alcalde de Tehuacán -donde el mandatario estatal tiene su domicilio-, el interinato de la administración del ayuntamiento podría recaer en Andrés Artemio Caballero, sobrino de la esposa del gobernador.

El 3 de octubre, víspera de una visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, la BUAP publicó un desplegado en el que denunció una campaña de desprestigio por “plumas al servicio del gobierno en turno”.

En enero esa casa de estudios señaló que la Auditoría Superior del Estado comenzó una revisión del ejercicio 2019, que calificó de “ilegal” porque aún no cerraba el ejercicio fiscal.

Otra situación de acoso fue expuesta por el director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz. Respaldado por organizaciones como Artículo 19 ha denunciado que su medio es víctima de bloqueos informativos, descalificaciones y que el gobierno lo ha amenazado con emprender acciones legales en su contra.

El periodista destalló que personajes como Fernando Manzanilla, quien en ese momento era secretario de Gobernación, dejaron de colaborar en su portal a causa de presiones políticas. El propio Manzanilla confirmó la razón de su salida el 29 de enero, en una entrevista que le concedió a Ruiz.

En otras entrevistas Manzanilla habló de la salud de Barbosa, como los problemas de vista que padece, resultado de la diabetes.

Al día siguiente de la entrevista con el directo del portal, David Méndez Márquez -quien asumió la Secretaría de Gobernación estatal- anunció que se iniciaría una auditoría a la dependencia que incluye tres gestiones de Manzanilla en ese cargo.

Detención de activistas e inseguridad

 En materia de presos políticos el gobierno de Barbosa ha dado nota. Tal es el caso de Miguel López Vega, activista y defensor del río Metlapanapa, detenido el 24 de enero pasado.

Carolina Barranco, vocera del Comité de la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, señala que la manera en que fue detenido el también comunicador indígena y los cargos que se le imputaron “son bastante similares a las persecuciones contra activistas que se vivieron con el exgobernador Moreno Valle”.

Aunque López Vega fue excarcelado luego de una campaña que denunció su caso, apoyada por organizaciones nacionales e internacionales, el defensor ambiental aún sigue bajo proceso por el cargo de ataque a las vías de comunicación. El 30 de octubre último, el activista encabezó a un grupo de personas que realizaron un bloqueo carretero y después se enfrentaron con policías.

La inconformidad de la comunidad indígena de Santa María Zacatapec, a la que pertenece López Vega, se debe a un proyecto para descargar aguas residuales del Parque Industrial de Huejotzingo.

Barranco cuestiona que mientras por un lado la autoridad actúa contra las comunidades que defienden sus recursos naturales, por otra parte no se persiga a funcionaros como el exfiscal general del estado Víctor Carrancá y el extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla ha pedido al gobierno de Barbosa que se repare el daño causado a perseguidos políticos (unos 300 casos) del periodo morenovallista, lo que implicaría resarcir el daño material y fincar responsabilidades contra personajes como Carrancá que convirtieron ala fiscalía en un “laboratorio” para fabricar expedientes.

El gobernador Barbosa ordenó desaparecer todas las insignias, logotipos, nomenclaturas y colores que dejó Moreno Valle en edificios y obras del estado.

El mandatario ha hecho denuncias mediáticas sobre supuestos actos de corrupción e ilegalidades cometidas en las anteriores administraciones, como "la venta de niños en el DIF", el saqueo de Casa Puebla y el desvío de 100 millones de pesos del programa de reconstrucción por el sismo, Sin embargo, se desconocen denuncias o responsables concretos.

Barbosa ha declarado que su prioridad es recuperar la seguridad, como uno de los reclamos más sentidos de las población, No obstante, son frecuentes las noticias y reportajes sobre ejecutados, descuartizados, feminicidios, desapariciones, secuestros y asaltos violentos en el estado.

En ese contexto, la actual gubernatura arrendó mil patrullas por las cuales pagará mil 387 millones de pesos por 27 meses de uso, reconsecionó la operación de las fotomultas e incrementó de 15 a 157 los puntos de control. Pese a los reclamos ciudadanos que le recuerdan que en su campaña ofreció cancelarlas, Barbosa asegura que este sistema de sanación ayudará a mejorar la seguridad pública.