Por sobrecostos y violaciones a la ley, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recomendó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocar la concesión que tiene la empresa española OHL para operar la autopista y el libramiento Amozoc-Perote.

En su informe sobre la fiscalización a los recursos federales de 2019, la dependencia identificó irregularidades en la ampliación de la concesión que se realizó durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, por lo que se pronunció por terminar el contrato.

La dependencia federal además señaló que el estado de Puebla tiene recursos federales sin comprobar por 31.2 millones de pesos.

De forma general, la SFP realizó 140 observaciones al gasto federal que se realizó en Puebla durante 2019, de las que ya fueron atendidas 31 y están pendientes por justificar 109.

Ampliaron irregularmente la concesión

En el informe, la SFP refiere que ubicó anomalías en la operación de la concesión que tiene OHL de la autopista y del libramiento Amozoc-Perote, así como en la ampliación que se hizo de ese contrato en junio de 2016.

Inicialmente, la concesión fue otorgada el 24 de noviembre de 2003 por el gobierno federal al Grupo Autopistas Nacionales (GANA) que era una subsidiara de OHL.

Posteriormente, en 2016, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, autorizó ampliar la concesión, bajo el argumento de que un año antes –en 2015–, la empresa había destinado 1 mil 442.9 millones de pesos para arreglar la autopista tras un derrumbe.

En su informe, la SFP indica que ese argumento no era meritorio para ampliar la concesión de la autopista y del libramiento por un periodo de 30 y 20 años, respectivamente.

La Secretaría también indicó que la ampliación violó los propios términos de la concesión inicial, los cuales establecían que era necesario esperar a 2027 para realizar cualquier ampliación.

En ese sentido, la dependencia recomendó a la SCT dar por terminado el contrato de concesión y al mismo tiempo inició una investigación para fincar responsabilidades y sancionar a los responsables.

Hubo anomalías desde el principio

La SFP enlistó diversas anomalías que ocurrieron desde el inicio de la concesión en 2003, entre las que destaca una autorización de la SCT para cambiar el acta constitutiva de la concesionaria, movimientos en su capital social, incorporación y sustitución de accionistas.

Esos cambios eliminaron la restricción que había para incorporar y sustituir a accionistas, siempre que los originales conservaran un mínimo del 60 por ciento del capital social de la empresa.

Hay 31.2 mdp sin comprobar

Por otra parte, la SFP ubicó 31.2 millones de pesos federales cuyo destino no ha sido comprobado por el gobierno de Puebla hasta la fecha, según se desprende de 37 observaciones.

Sin embargo en el informe no se detalla a qué programas u obras pertenecen esos recursos, así como las áreas de gobierno que los manejaron.

Con los recursos que no han sido justificados podrían pagarse 208 tratamientos para cáncer, con un costo estimado en 150 mil pesos por cada uno.

Foto: Archivo e-consulta