Con los 157 radares que la empresa Intecproof instalará en la entidad, Puebla se convertirá en el estado con más cámaras de fotomultas en el país, detrás de la capital del país que cuenta con 140 y Jalisco que tiene 50.

A partir de una serie de amparos, desde 2017 a la fecha, el programa ha sido cancelado en el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el gobierno de Puebla, los radares que operarán a partir de abril contarán con una tecnología que no solo detectará a quienes rebasen los límites de velocidad, sino que también permitirá identificar autos robados, motivo por lo que los equipos aumentaron de 15 a 157.

Gana Puebla… en cámaras

En la Ciudad de México hay 140 radares colocados en las avenidas más transitadas, los cuales son operados por la empresa Inteltrafico, que versiones periodísticas han relacionado con Intecproof que opera en Puebla.

La administración de la morenista Claudia Sheinbaum eliminó en 2018 el cobro monetario de las infracciones y lo sustituyó por la obligatoriedad para tomar cursos de manejo y trabajo comunitario, además estableció que los automovilistas no podrán verificar sus unidades si “adeudan” fotomultas.

En tanto, el gobierno del estado de Jalisco opera 50 cámaras distribuidas en la zona metropolitana, pues en junio de 2018 canceló el contrato que tenía con la empresa Autotraffic que también estaba a cargo del programa en Puebla hasta agosto del año pasado.

La administración jalisciense sí recauda por el cobro de infracciones y los recursos son administrados por el Instituto de Movilidad.

Van 157 radares

En contraste, los radares en Puebla sumarán 157, según informó el gobierno del estado y en próximos días se darán a conocer sus ubicaciones.

De acuerdo con las cláusulas del contrato que se firmó con Intecproof, esta recibirá 17 millones de pesos al mes por operar las fotomultas siempre que entregue 380 mil evidencias de vehículos que rebasen los límites de velocidad establecidos.

En caso contrario, la administración estatal no tendría que pagar esa cantidad, según informó la semana pasada la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.

Además se indicó que al término del contrato, que tiene una duración de tres años, los radares formarán parte de los activos del gobierno del estado.